La incertidumbre laboral se traslada al ámbito legislativo provincial en el marco del polémico proceso de licitación del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy.
Luego de que el municipio ratificara la exclusión de la empresa Xibi Xibi del nuevo esquema de adjudicaciones —dejando el servicio local en manos de las firmas Santa Ana y El Urbano—, los choferes afectados decidieron trasladar sus protestas hacia la Legislatura jujeña. Esta nueva movilización se suma a los reclamos que los trabajadores ya venían visibilizando previamente ante el Concejo Deliberante, la Municipalidad y la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en busca de un respaldo político que frene el inminente impacto social de la medida.
Durante la jornada de este jueves, una delegación de los manifestantes fue recibida en la denominada Casa de Piedra por el diputado oficialista Adriano Morone, quien asumió el compromiso de analizar detalladamente el pliego licitatorio y mediar en un canal de diálogo con las autoridades municipales. Frente al escenario actual, la contrapropuesta planteada por los operarios consiste en que se les otorgue la concesión del corredor número 4, un trayecto que actualmente administra de manera provisoria la empresa Santa Ana. Según argumentan desde el sector de los trabajadores, la firma Xibi Xibi dispone de la flota de unidades necesaria y de la capacidad operativa requerida para cumplir con las exigencias del pliego de forma inmediata.
La mayor preocupación del personal radica en la estabilidad económica de aproximadamente 120 familias que dependen directamente de estos puestos de trabajo, en un mercado que ahora quedará reducido a un duopolio. Si bien los marcos legales vigentes estipulan que la empresa adjudicataria Santa Ana tiene la obligación de absorber a la totalidad de la planta de choferes reconociendo una antigüedad de hasta 10 años, los empleados expresaron fuertes sospechas respecto a la posibilidad de que se produzcan despidos encubiertos. A este tenso panorama se suma el hecho de que la protesta en la Legislatura contó con el respaldo explícito de extrabajadores de Santa Ana, quienes denunciaron haber sido desvinculados sin percibir el fondo de desempleo, a pesar de encontrarse en una edad cercana a la jubilación.
A pesar de la firme postura del Ejecutivo municipal, que ya sentenció que la decisión de la adjudicación está tomada y no sufrirá modificaciones, el conflicto de fondo se encuentra judicializado mediante una medida cautelar activa que mantiene suspendido el avance definitivo del pliego. No obstante, los choferes aclararon de forma enfática que el conflicto gremial no ha alterado la prestación diaria del transporte en la ciudad. El servicio de colectivos se continúa brindando con absoluta normalidad y cumplimiento de horarios, habiéndose registrado incluso la incorporación de más unidades a las distintas líneas para garantizar la conectividad de los usuarios mientras se dirime el conflicto.
