Un escenario de alta conflictividad laboral se desató en la Comisión Municipal de Tumbaya a raíz de una serie de denuncias por despidos injustificados que afectan a trabajadores con años de trayectoria en el sector público.
El conflicto cobró notoriedad pública tras el reclamo de Anahí Cruz, una empleada encargada de las tareas operativas de higiene urbana en la localidad y de la recolección de residuos sobre la traza de la ruta, actividades que desempeñaba de lunes a viernes con una remuneración que superaba levemente los $700.000 mensuales. La damnificada, que ostentaba la categoría de jornalizada permanente con una carga horaria de 8 horas diarias y más de tres años de antigüedad ininterrumpida, denunció haber sido desvinculada de forma imprevista y mediante mecanismos irregulares por parte de las autoridades locales.
Según el relato de la trabajadora, la situación irregular comenzó el pasado viernes al momento de registrar su salida del turno habitual, cuando las secretarias del área de Gobierno y de Personal la derivaron con el jefe de la comuna, quien intentó obligarla a rubricar su propia renuncia. Ante el rechazo de Cruz a firmar dicho documento, los funcionarios formalizaron su apartamiento mediante la emisión de una resolución interna; posteriormente, al presentarse de manera normal a retomar sus labores el día lunes, la Jefa de Personal le denegó el acceso al registro de asistencia mensual bajo el argumento de que el despido ya se encontraba efectivamente notificado.
La justificación oficial esgrimida en la orden de desvinculación alude a supuestos problemas de “falta de administración” financiera dentro del municipio, un motivo que fue categóricamente desmentido por la afectada, quien argumentó que la comuna se encuentra sumando nuevos agentes a su planta, citando la reciente contratación de dos mujeres destinadas a campañas de vacunación de mascotas. Cruz apuntó de forma directa contra el Comisionado Municipal, Javier Medina, denunciando la existencia de una persecución de tinte político hacia su persona debido a haber ingresado al municipio bajo la bandera de la administración saliente, advirtiendo que en un verdadero proceso de reordenamiento presupuestario se debería prescindir de los contratos más recientes y no de aquellos con antigüedad comprobable.
La medida ha generado una profunda preocupación debido a que la empleada despedida es madre jefa de hogar y el único sostén económico de su grupo familiar, compuesto por dos hijas menores de edad —una adolescente en etapa escolar secundaria y una niña de 4 años— que ahora afrontan una situación de extrema vulnerabilidad financiera. Frente a este panorama de desprotección, la damnificada recurrió al Sindicato de Empleados Obreros Municipales (SEOM), gremio al cual se encuentra afiliada y cuyo cuerpo de delegados ya se encuentra diseñando las notas y presentaciones legales correspondientes con el fin de exigir formalmente la reincorporación inmediata de la trabajadora y retrotraer la medida impuesta por el Ejecutivo local.
