La Ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Marta Russo Arriola, brindó detalles sobre la creciente preocupación estatal ante el aumento de la población que pernocta en la vía pública, fenómeno impulsado por la actual crisis económica.
Según la funcionaria, el abordaje de esta problemática se gestiona de manera interdisciplinaria mediante un protocolo que involucra al Centro Operativo de Emergencia, integrando esfuerzos de las carteras de Salud y Seguridad junto a diversas municipalidades, con el fin de brindar una respuesta coordinada en todo el territorio provincial.
El procedimiento estándar ante el hallazgo de personas en esta vulnerabilidad moviliza al sistema 911, Defensa Civil y el SAME para realizar evaluaciones de salud y ofrecer el traslado a centros de contención. Sin embargo, Russo Arriola subrayó que uno de los desafíos más persistentes es la resistencia de los individuos a ser derivados a refugios oficiales; al requerirse el consentimiento explícito de la persona, el Estado se ve limitado a ofrecer asistencia, que incluye la entrega de ropa de abrigo, raciones de comida caliente y controles médicos ambulatorios.
La titular de la cartera social también hizo hincapié en la complejidad del escenario actual, señalando que los equipos de intervención enfrentan frecuentemente actitudes de marcada agresividad durante los operativos de asistencia. Las estadísticas más recientes de la provincia registran a más de un centenar de personas en situación de calle, con una presencia notable en sectores como Alto Comedero. Además, se ha detectado que una parte considerable de esta población está integrada por individuos provenientes de otras provincias o del extranjero, lo que añade una capa adicional de dificultad a las estrategias de inserción y ayuda.
Como eje central de la red de contención, el programa “Puente” continúa operando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, proporcionando alojamiento nocturno y alimentación básica a quienes aceptan la ayuda. Ante la saturación de los dispositivos actuales, el Gobierno evalúa la puesta en marcha de un nuevo punto de asistencia en la zona sur de la capital. La Ministra concluyó que la situación demanda una vigilancia permanente y una optimización de los recursos públicos para mitigar los efectos de una realidad social que se ha vuelto cada vez más conflictiva y diversa.
