La controversia por el cierre de escuelas en Jujuy ha escalado en los últimos días, revelando que el fenómeno no se limita únicamente a la región de la Puna, como sugerían los informes iniciales.
Según declaraciones de referentes del sector docente de las Yungas, localidades de gran densidad poblacional como Libertador General San Martín y San Pedro, e incluso la capital provincial, están comenzando a experimentar las consecuencias de una política de “reorganización” que los gremios denuncian como un desmantelamiento sistemático del sistema público. Esta situación ha puesto en jaque la estabilidad de numerosos cargos docentes y ha generado una creciente preocupación en las comunidades educativas de diversas zonas geográficas.
Desde el sector docente, representado por voces como la de Martina Montoya de ADEP, se cuestiona duramente la metodología empleada por el Ejecutivo provincial para justificar estos cierres. La estrategia consistiría en fusionar instituciones con baja concurrencia de alumnos, designando una “escuela base” y trasladando hacia allí al personal titular, lo que deja a los edificios periféricos en un estado de abandono o con personal en condiciones precarias. Al reducirse la oferta pedagógica y los cargos disponibles, se produce una disminución natural de la matrícula, lo que finalmente otorga al Gobierno el argumento estadístico necesario para decretar el cierre definitivo alegando una supuesta falta de demanda estudiantil.
En este contexto, la respuesta oficial que califica de “sesgado” al trabajo periodístico nacional y argumenta que “no hay niños” ha sido recibida con escepticismo por los trabajadores de la educación. Los docentes señalan que en lugar de eliminar grados con menos de 15 alumnos, el Estado debería aprovechar esos grupos reducidos para fomentar una enseñanza personalizada y de mayor calidad. Asimismo, advierten que la ausencia de población infantil en ciertas áreas no es un proceso espontáneo, sino el resultado de una falta de condiciones de vida adecuadas que termina por expulsar a las familias de sus territorios, afectando gravemente la presencia institucional en el interior profundo.
Finalmente, la problemática adquiere una dimensión sociopolítica más profunda al considerar las advertencias de comunidades originarias y docentes de zonas como Cochinoca. Estos sectores vinculan directamente la desaparición de las escuelas con el desarraigo cultural y el despoblamiento de tierras estratégicas, sugiriendo que estas decisiones facilitan el avance de proyectos extractivos y mineros en la provincia. De esta manera, lo que comenzó como un debate sobre la administración de recursos educativos se ha transformado en una denuncia sobre la posible vulneración de la identidad territorial y el derecho al arraigo de los ciudadanos jujeños.
