La crisis salarial en Jujuy se agudiza, según los últimos datos del INDEC.
De una población económicamente activa de 338.000 personas, 325.000 están ocupadas y 13.000 desempleadas. Sin embargo, 63.000 jujeños demandan otro empleo pese a estar trabajando, y 35.000 son subocupados, es decir, trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más tiempo.
El economista y Diputado Provincial, Gastón Remy, analizó estos números y concluyó que la presión laboral estructural se debe a salarios insuficientes que no cubren las necesidades familiares. “Los números lo que evidencian es una presión laboral estructural impulsada por salarios insuficientes”, afirmó.
Remy criticó la política estatal por no generar fuentes de trabajo y por mantener salarios bajos, como el docente inicial, cuyo poder adquisitivo está al nivel de mayo de 2023, a pesar de que la canasta familiar supera el millón $300.000. “La política salarial es una forma de disciplinamiento generalizado, buscando achatar el mercado interno para favorecer a pocos actores que hacen negocios con el exterior”, argumentó.
El legislador también señaló que existe una concentración de riqueza en pocas manos, donde el poder político y económico están entrelazados, son dueños de servicios y proveedores, beneficiándose de tener empleados públicos y privados con salarios bajos.
El empleo privado registrado en Jujuy está estancado hace 12 o 15 años, mientras el crecimiento poblacional ha sido absorbido principalmente por el empleo informal, los cuentapropistas. Esto refleja una economía que no genera oportunidades laborales formales y de calidad.
La situación laboral en Jujuy es preocupante y requiere una respuesta urgente de las autoridades para abordar la crisis salarial y generar empleo decente. La política salarial debe ser revisada para garantizar un salario justo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias jujeñas.
En resumen, la crisis salarial en Jujuy se debe a la falta de generación de empleo formal, salarios bajos y una política estatal que no prioriza el bienestar de los trabajadores. Es necesario un cambio en la política económica para abordar esta situación y mejorar la calidad de vida de los jujeños.
