Representantes de diversos pueblos originarios manifestaron su firme rechazo ante las medidas administrativas aplicadas recientemente por la Comisión de Pueblos Indígenas del parlamento jujeño.
Estas normativas obligan a los referentes de los territorios a presentar documentación exhaustiva, como actas de asambleas específicas, únicamente para poder solicitar una audiencia formal con los legisladores. La decisión ha generado una profunda indignación en los colectivos territoriales, que ven en estas exigencias un obstáculo deliberado para frenar las vías institucionales de diálogo y comunicación con las autoridades provinciales.
A través del colectivo «Defendiendo Territorios», los referentes comunitarios hicieron pública una proclama en la que sostienen que tales barreras burocráticas resultan abiertamente discriminatorias y contrarias a los principios normativos de la nación. La letrada Silvana Llanes, defensora legal del sector afectado, advirtió durante una entrevista concedida a Radio 2 que las traba impuestas violan libertades esenciales garantizadas por la Constitución Nacional, señalando que la prerrogativa de peticionar ante los poderes públicos le corresponde a todo ciudadano, al tiempo que remarcó que las estructuras organizativas internas de las comunidades cuentan con plena legitimidad jurídica propia.
El malestar también apunta al trasfondo político e institucional de la provincia, señalando un sesgo preocupante por parte del estamento legislativo para favorecer sectores privados dedicados a la explotación de recursos. De acuerdo con la representación leal de los grupos reclamantes, los integrantes del cuerpo parlamentario —mencionando explícitamente a la diputada Angélica Castillo— se han apartado de su deber de resguardar el patrimonio ancestral y la normativa protectora internacional, para convertirse en facilitadores de negocios mineros y proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial.
Las comunidades argumentan que estas trabas de procedimiento buscan acallar la resistencia social contra la enajenación de tierras ancestrales y la utilización indiscriminada de sus bienes naturales. Frente a la vulneración de los estándares fijados por la carta magna y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los colectivos indígenas ratificaron que continuarán exigiendo el respeto a la libre expresión de sus autoridades territoriales y la apertura inmediata de canales reales de discusión, libres de condicionamientos arbitrarios.
