Con el objetivo de exigir que se ponga fin a los marcados desfasajes salariales y se efectúen controles laborales adecuados, un conjunto numeroso de conductores del transporte público de pasajeros, que abarca a líneas urbanas e interurbanas, concretó una manifestación frente a la sede de la Secretaría de Trabajo provincial.
Esta movilización tuvo como eje central el reclamo por un retraso de más de cuatro años en la aplicación de las escalas salariales nacionales fijadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sumado al constante cobro de haberes de manera desdoblada o fuera de los plazos legales, en un escenario donde los sueldos actuales responden a criterios provinciales imprecisos que generan diferencias injustificadas entre compañeros. Ante este panorama, los manifestantes, representados por el chofer Cristian Tapia, argumentan que las compañías inclumplen los pliegos de licitación al ampararse en el congelamiento de las subvenciones locales y las demoras en el reintegro de beneficios como los atributos sociales y el BEGU, aun cuando la jornada de protesta se desarrolló sin interrupción del servicio gracias a que asistieron únicamente delegaciones de empleados que no se encontraban en turno de trabajo.
A la disconformidad económica se suman serias irregularidades dentro de la rutina operativa diaria, las cuales acentúan las condiciones de precarización de los trabajadores del volante. A pesar de que se han incorporado algunas unidades nuevas a la flota, los empleados denunciaron la aplicación sistemática de cobros desmedidos y retenciones indebidas sobre sus haberes en casos de siniestros viales o averías mecánicas, bajo la amenaza implícita de no depositarse las remuneraciones si no aceptan dichos descuentos. Desde la vocería de los manifestantes enfatizaron que estas represalias económicas carecen de todo sustento normativo o convencional, ya que las empresas están legalmente obligadas a contratar seguros que cubran cualquier tipo de accidente o daño material derivado de la prestación del servicio.
Otro de los aspectos más severos expuestos durante la jornada responde al profundo abandono institucional y a la falta de contención por parte de la seccional de la UTA Jujuy, cuya gestión se encuentra transitoriamente bajo la figura de un veedor. Los choferes expresaron un contundente rechazo hacia la inacción de dicha representación gremial, asegurando que ante la ausencia total de respaldo directivo se vieron impulsados a organizarse por cuenta propia para elevar sus demandas directamente a los organismos de contralor estatal. Esta falta de tutela sindical ha llevado a que los propios conductores asuman la iniciativa de gestionar la defensa de sus derechos laborales básicos de forma autoconvocada y pacífica.
Como resultado de la movilización frente a la entidad pública, las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la provincia formalizaron el compromiso de otorgarles una audiencia oficial. En dicho encuentro se prevé abordar de manera prioritaria la realización de las inspecciones laborales pendientes en las empresas de colectivo, con la intención de exigir a las patronales el cumplimiento efectivo de los marcos regulatorios, la correcta homologación de los salarios con los parámetros nacionales y el cese de los cobros indebidos a los choferes.
