El reinicio de las mesas paritarias en la provincia de Jujuy, luego de un mes de interrupción en las conversaciones, desató un profundo malestar en el sector laboral debido a la última propuesta económica del Ejecutivo provincial.
Las autoridades oficiales pusieron sobre la mesa una actualización de los haberes del 4% distribuida de manera escalonada, contemplando un 2% para los sueldos correspondientes al mes de julio y el 2% restante destinado a los salarios de agosto, planteando además un congelamiento de las discusiones salariales durante el transcurso de ese bimestre. La alternativa gubernamental fue recibida con un masivo rechazo por parte de los representantes sindicales, quienes tildaron la propuesta de insignificante frente a la situación económica actual.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), su secretaria general, Viviana López, criticó severamente la oferta salarial al considerar que, según el escalafón básico de cada asalariado, la mejora representa el equivalente nominal a apenas dos o tres kilos de carne. Para la dirigente, dicho incremento es catalogado como una bofetada a los ingresos fijos, ya que la suba es absorbida inmediatamente por los reiterados incrementos en el transporte público de pasajeros y el valor de los productos alimenticios de la canasta básica. Ante este panorama, la conducción gremial alertó que endurecerá sus planes de lucha y las protestas en caso de no recibir una rectificación de los montos por parte de los funcionarios provinciales en las próximas convocatorias.
La realidad laboral que enfrenta el personal sanitario del interior provincial agudiza la brecha con el ofrecimiento estatal, particularmente en zonas geográficamente aisladas. Tras relevamientos en localidades puneñas como Susques, Abra Pampa y La Quiaca, la entidad sindical expuso la vulnerabilidad de enfermeros y agentes rurales que perciben remuneraciones mensuales de entre $800.000 y $900.000, debiendo costear con recursos propios hasta tres combinaciones de transporte de media distancia para asistir a sus puestos o recurrir a transportistas privados y traslados a lomo de burro ante las dificultades de conectividad terrestre. En base a este escenario, ATSA demandó la incorporación formal de un plus de carácter alimentario para quienes desempeñan sus actividades bajo la modalidad “roster” de 15 días continuos de labor en parajes inhóspitos por igual cantidad de jornadas de descanso.
La conducción del sindicato de la sanidad también apuntó contra la cartera de Salud por presuntas prácticas discriminatorias en la asignación de beneficios económicos internos. La representación de los trabajadores denunció que el personal del sistema SAME percibe una asignación extraordinaria cercana a los $70.000 en concepto de viático alimentario durante sus guardias, una bonificación que le es denegada a los agentes que operan en el territorio. Con las negociaciones suspendidas bajo un cuarto intermedio acordado hasta la semana entrante, el pliego de reclamos del gremio exige la formalización definitiva del ítem por «ruralidad» para el sector de atención primaria que se desempeña tanto en las Yungas como en la Puna, junto con un incentivo diferencial que reconozca a los agentes con más de 20 años de antigüedad en el sistema sanitario estatal.
