El descontento de la comunidad de Palpalá frente a los incrementos en los servicios de energía eléctrica volvió a manifestarse este miércoles en el barrio Belgrano.
Motivados por las deficiencias en las prestaciones de EJESA, que incluyen interrupciones reiteradas del suministro, variaciones en la tensión y una alarmante ausencia de controles, los residentes se unieron para relanzar la campaña de «Iniciativa Popular». Los impulsores de esta movilización avanzan a pulmón con el objetivo de recolectar rúbricas que den fuerza a un proyecto de ley que busca abordar de raíz la problemática tarifaria y el marco bajo el cual opera la prestataria.
Esta acción ciudadana en Palpalá retoma un reclamo que ya cuenta con un antecedente de peso, luego de que sindicatos y agrupaciones locales lograran reunir previamente más de 11.000 firmas con el fin de congelar los aumentos y revisar el contrato de concesión de la empresa. Dicho pliego fue presentado ante la Legislatura jujeña para exigir la declaración de la emergencia tarifaria en la región. Ante la falta de respuestas y avances en el ámbito legislativo, los referentes vecinales apuntaron fuertemente contra los 48 diputados provinciales por su inacción, señalando con malestar que es la propia ciudadanía la que debe asumir las tareas que corresponderían a sus representantes.
Durante la jornada, Juanita Leiva, una de las referentes de la colecta, remarcó que las quejas atraviesan a toda la sociedad jujeña sin distinciones partidarias. Entre las irregularidades mencionadas, expuso el caso de familias a las cuales se les retiró el medidor de luz pero que, insólitamente, continúan recibiendo boletas con cobros por consumo de energía. Leiva también denunció una parálisis absoluta por parte de las entidades reguladoras. Por otra parte, Marcelo Pastore aportó precisiones sobre el sustento legal de la movilización, aclarando que se amparan en el artículo 2 de la Constitución de Jujuy, lo cual dota a la iniciativa de un carácter vinculante. Esto forzará a la Legislatura a debatir el proyecto de ley y otorgará a los vecinos la posibilidad de participar con voz en las comisiones para fijar prioridades ante un cuerpo de legisladores que, según sus palabras, está alejado de las urgencias cotidianas.
Finalmente, Pastore advirtió sobre la falta de transparencia que rodea históricamente a la distribuidora de energía, calificando como un tema tabú el acceso a datos sobre las inversiones obligatorias y las condiciones generales del contrato. Sumado a esto, criticó el rol de la SUSEPU, ente que percibe una parte considerable de lo abonado en cada factura, pero que, a su criterio, impone trabas burocráticas casi imposibles de sortear para los usuarios que intentan formalizar una queja. Con la consigna de evaluar la postura de cada diputado frente a los intereses del pueblo, los organizadores anticiparon que continuarán trasladando la junta de firmas hacia otras localidades del interior provincial hasta cubrir todos los requerimientos legales necesarios.
