Frente a la sede del municipio de Palpalá, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) encabezó una conferencia de prensa para denunciar irregularidades laborales.
Nicolás Fernández, al frente de la organización gremial, apuntó directamente contra las autoridades locales por la falta de diálogo, el incumplimiento reiterado del Estatuto del Empleado Público y un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera los derechos laborales del personal especializado y afecta la calidad del servicio ciudadano.
Entre las principales anomalías expuestas, la entidad sindical remarcó la negativa del Gobierno Municipal a encuadrar formalmente a los profesionales dentro de sus escalafones correspondientes, impidiendo su correcto desarrollo de funciones y postergando la estabilidad laboral. A esto se suma el entorpecimiento de la libre colegiación, punto que motivó el envío de una carta documento al Ejecutivo tras detectarse que a una trabajadora, afiliada desde principios de año, no se le aplicaba el descuento gremial en su recibo de haberes. Ante este panorama, se exigió reabrir de inmediato las instancias de negociación formal en la Secretaría de Trabajo para tratar recategorizaciones y pases a planta permanente.
En el plano provincial, APUAP cruzó las recientes declaraciones oficiales que pretenden patear la discusión paritaria para el mes de septiembre. Mediante una presentación formal dirigida al Ministro de Hacienda, Federico Cardozo, el gremio exigió que el Ejecutivo respete el compromiso previamente pactado de concretar la mesa salarial durante agosto, enfatizando la urgencia de reajustar los haberes de ingreso para que queden alineados con el valor actual de la canasta familiar.
El referente sindical alertó además que la brecha salarial frente al sector privado, la Justicia y otras provincias sigue provocando una migración constante de especialistas calificados, con un impacto sumamente crítico en el sistema de salud pública. Fernández concluyó remarcando que el Gobierno de Jujuy dispone de los recursos financieros necesarios gracias al flujo de coparticipación y regalías, por lo que responder a este reclamo depende únicamente de una decisión política para actualizar las grillas salariales.
