Tras casi ocho años de espera y luego de agotarse las diversas instancias de apelación presentadas por la defensa, la investigación por la muerte de Matías Puca ha regresado a manos de la Fiscalía bajo la dirección de Aldo Lozano.
El Fiscal, quien lideró la instrucción original hasta 2019, confirmó que el expediente ya cuenta con la solidez necesaria para avanzar hacia la etapa de debate oral. Este movimiento administrativo ocurre tras un prolongado período de recursos judiciales que llegaron incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde finalmente fueron rechazados, permitiendo que el proceso recupere su ritmo habitual hacia la búsqueda de una sentencia definitiva.
El foco de la acusación se mantiene sobre Ricardo Cruz, quien permanece como el único imputado en esta causa que conmocionó a la localidad de Humahuaca en el año 2017. La carátula que pesa sobre él es la de homicidio con dolo eventual, basándose en el material probatorio recolectado durante las etapas previas de la investigación. Cabe destacar que, aunque el acusado cumplió tres años de prisión preventiva en el pasado, actualmente atraviesa el proceso en libertad, sujeto a una serie de restricciones y medidas cautelares impuestas por la justicia mientras se aguarda la apertura de las audiencias.
En cuanto a los plazos procesales, las autoridades judiciales han establecido una fecha tentativa para el inicio de las audiencias durante los primeros días de junio. Según explicó el Fiscal Lozano, este cronograma está sujeto a la disponibilidad de la agenda del tribunal de juicio, aunque existe una previsión concreta para que el debate comience en el corto plazo, salvo que surjan reprogramaciones de último momento. Este juicio marcará un hito fundamental para la familia del joven carrocero, quienes han sostenido el pedido de justicia a lo largo de casi una década.
Finalmente, el marco legal prevé consecuencias severas en caso de que se dicte un veredicto condenatorio contra el imputado. De probarse su responsabilidad en el debate oral, Cruz podría enfrentar una pena privativa de la libertad que oscila entre los 8 y los 25 años de prisión. La resolución del caso no solo busca determinar la culpabilidad del acusado, sino también cerrar una herida abierta en la comunidad jujeña, brindando una respuesta institucional definitiva a uno de los hechos viales y criminales más recordados de los últimos tiempos en la provincia.
