El Poder Judicial de Jujuy dio un paso decisivo en la resolución del caso que conmocionó a la comunidad fronteriza de La Quiaca, al dictar una pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo para el gendarme Walter Álvarez.
La sentencia fue informada públicamente por el magistrado Domingo Batule, quien detalló que el tribunal llegó a esta determinación de manera unánime tras declarar al uniformado culpable del homicidio de Ivo Torres. Durante la lectura del fallo, se especificó que el castigo impuesto incluye además la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la reclusión, considerándose un dictamen justo y proporcionado para un delito de esta gravedad, cuya escala penal contempla un piso de 8 años y un techo de 25 años de cárcel.
La determinación del monto de la pena se produjo tras llevarse a cabo la correspondiente audiencia de cesura, una instancia posterior al veredicto condenatorio donde las partes litigantes expusieron sus respectivas pretensiones. En dicha etapa de alegatos, los representantes de la Fiscalía habían solicitado una condena de 18 años de prisión, mientras que la querella que patrocina a los damnificados pretendía una sanción más severa de 22 años; en contraposición, la defensa técnica del miembro de las fuerzas de seguridad había requerido el mínimo legal de 8 años. Previo al ingreso del cuarto intermedio, el propio Álvarez utilizó su derecho a declarar para manifestar un pedido de disculpas hacia los familiares de la víctima, en una jornada que también incluyó los testimonios de la hermana del imputado y de un antiguo compañero de la fuerza.
Los trágicos hechos que motivaron el proceso penal ocurrieron el 6 de febrero de 2025 en las inmediaciones del límite internacional, puntualmente en el barrio Praderas del Norte de la mencionada localidad puneña. En aquella oportunidad, Ivo Torres, un joven de 22 años de edad, se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando comenzó a ser perseguido por personal de la Gendarmería Nacional. En el transcurso de ese operativo de control, los efectivos efectuaron múltiples disparos con armas de fuego contra el rodado y su conductor, lo que provocó el fallecimiento inmediato del motociclista en el lugar del hecho debido a las graves heridas recibidas, constatándose posteriormente diversos impactos de bala en la estructura de la moto.
A pesar de que la resolución dictada por el tribunal cierra un capítulo fundamental en la búsqueda de justicia promovida por los allegados de la víctima desde el inicio de la investigación, el panorama procesal del condenado aún guarda instancias de revisión. Al respecto, el abogado representante de la familia de Torres, el doctor Carlos Sebastián Espada, aclaró que se trata de una sentencia de primera instancia y que, por lo tanto, puede ser apelada por las partes. Por este motivo, el gendarme Álvarez continuará privado de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva hasta tanto el fallo adquiera firmeza legal o sufra alguna eventual modificación por parte de un tribunal superior.
