El conflicto entre los trabajadores de la economía popular y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy sumó un nuevo episodio de tensión en los alrededores del Hospital Pablo Soria.
Inspectores del área de Control de Espacios Públicos de la Municipalidad, bajo la coordinación de la Directora Alba Ortiz, llevaron adelante un operativo con camionetas para exigir el retiro de los puestos informales de la zona antes de las 10:00 de la mañana. Desde la perspectiva del Ejecutivo municipal, estas acciones forman parte de un plan de ordenamiento urbano similar al implementado en el casco céntrico. La funcionaria argumentó que la mayoría de los comerciantes carece de la habilitación correspondiente, por lo que instó a los trabajadores a iniciar un proceso de reempadronamiento con el objetivo final de reubicarlos en otros sectores de la capital provincial.
Por su parte, los vendedores ambulantes denunciaron que estas medidas constituyen un hostigamiento continuo y una persecución que atenta de forma directa contra su único medio de subsistencia en un contexto de profunda crisis económica y falta de empleo formal. Respecto al horario límite impuesto por la comuna, explicaron que resulta totalmente impracticable debido a las bajas temperaturas extremas del invierno, ya que la actividad comercial recién comienza a registrar movimiento a esa hora y precisan extender su jornada laboral hasta las 14:00 para asegurar el sustento diario. Una de las damnificadas, Elvira, quien se desempeña como vendedora de café, expuso que la Municipalidad les impone constantes trabas burocráticas y les exige requisitos inalcanzables para acceder a un permiso definitivo, manteniéndolos deliberadamente bajo un régimen de inestabilidad laboral fundamentado en habilitaciones de carácter provisorio.
Asimismo, los afectados visibilizaron una modalidad de presión física ejercida por el personal municipal en el lugar. Aunque los agentes públicos aclararon que el operativo no contemplaba órdenes de decomiso de mercadería, los puesteros manifestaron que los inspectores recurren a rodearlos corporalmente para tapar la visual de los puestos, impidiendo así que los peatones y potenciales clientes puedan acercarse a realizar compras. Esta problemática en las inmediaciones del nosocomio cabecera no es reciente, ya que existen testimonios de personas con tres décadas de antigüedad en el rubro que hoy afrontan intentos de desalojo, sumados a otros testimonios que acusan presiones desde hace medio año para ser trasladados a zonas que consideran económicamente perjudiciales.
Ante la falta de alternativas viables y la imperiosa necesidad de cubrir gastos esenciales como alimentos y medicamentos, el colectivo de comerciantes informales adoptó una postura de resistencia organizada. Como primera medida de fuerza colectiva, resolvieron permanecer de forma fija en la rotonda adyacente al establecimiento médico durante toda la jornada. A su vez, los manifestantes advirtieron de manera unánime que, si los intentos de desalojo y el asedio por parte de la Dirección de Espacios Públicos persisten, procederán a unirse para llevar a cabo medidas de fuerza mucho más drásticas, contemplando explícitamente la decisión de encadenarse en el lugar bajo la premisa de que la actual situación social los ha dejado sin nada que perder.
