La Justicia Federal dispuso el traslado urgente a la provincia de Jujuy de Franco Oscari, el joven campesino oriundo de Palma Sola que permanecía privado de su libertad en Salta tras ser imputado por verter críticas hacia Patricia Bullrich en plataformas digitales.
La resolución se adoptó en el marco de una audiencia virtual celebrada a las 11:30 de la mañana, la cual fue convocada por el titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, el magistrado Esteban Hansen. De este modo, se puso fin a un período de ocho días en los que el imputado estuvo confinado fuera de su jurisdicción territorial originaria, en medio de fuertes cuestionamientos de su defensa y de diversos organismos que interpretaron el procedimiento como una medida de disciplinamiento social.
La defensa técnica del productor rural venía denunciando serias irregularidades en el manejo de la causa, entre las que sobresalieron una aprehensión efectuada en horas de la madrugada y una posterior tentativa de derivación hacia la ciudad de Buenos Aires que no fue debidamente notificada a las abogadas de Oscari. Ante este escenario, se canalizaron cuatro requerimientos formales dirigidos al juez Ariel Lijo con el propósito de frenar dicho traslado y asegurar el regreso del acusado a suelo jujeño; sin embargo, estas solicitudes nunca obtuvieron contestación por parte del magistrado, lo que motivó que entidades defensoras de los derechos humanos exigieran precisiones urgentes sobre el paradero del detenido y reclamaran su inmediata liberación.
En consonancia con los reclamos defensivos, a comienzos de la semana el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo Villalba, ya se había pronunciado favorablemente respecto a una acción de habeas corpus interpuesta a favor del imputado. En su dictamen, el funcionario del Ministerio Público fustigó duramente los intentos de movilizar a Oscari hacia la capital del país sin dar intervención previa a sus abogadas, calificando la maniobra como infundada y advirtiendo que los traslados sucesivos hacia Salta y Tucumán pudieron haber configurado un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Asimismo, Villalba fue quien recomendó formalmente que las actuaciones continuarán bajo la órbita de los tribunales federales de Jujuy, atendiendo al domicilio real del encausado.
El caso sumó además una importante repercusión internacional y civil a raíz del pronunciamiento público del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien defendió enfáticamente el derecho a la libre expresión ciudadana, incluso cuando esta involucre cuestionamientos hacia las autoridades gubernamentales, tildando de antidemocrática la restricción de esta garantía constitucional y exigiendo la liberación total del joven. Finalmente, la combinación de la postura asumida por la fiscalía federal y la creciente presión de la opinión pública inclinaron la balanza para que el juez Hansen convalidara el pedido de restitución y ordenara el traslado inmediato de Oscari a su provincia natal.
