Una serie de operativos de prevención e investigación criminal desplegados en múltiples localidades de la provincia de Jujuy permitieron neutralizar la distribución de un total de 6.682 raciones de sustancias estupefacientes.
Las tareas operativas, coordinadas por la Dirección General de Narcotráfico en un trabajo conjunto con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, concluyeron además con la captura de 25 personas presuntamente implicadas en el engranaje del comercio ilícito a nivel regional.
El despliegue de las fuerzas provinciales abarcó un total de 18 procedimientos ejecutados entre el 26 de junio y el 2 de julio. La planificación de las autoridades integró diferentes modalidades de intervención que incluyeron desde despliegues preventivos con personal uniformado en la vía pública hasta allanamientos específicos en supuestos búnkeres de venta al menudeo, sumando también requisas selectivas efectuadas dentro del ámbito del Servicio Penitenciario. Producto de las sospechas de comercialización y tráfico, los 25 involucrados fueron puestos a derecho bajo acusaciones formales por infringir la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.
En cuanto al volumen de los elementos decomisados, el balance oficial pormenorizado detalla el secuestro de 1,204 kilogramos de una combinación de clorhidrato de cocaína y pasta base, cargamento que representa el equivalente a 6.026 dosis individuales. En paralelo, los uniformados incautaron 130,9 gramos de cannabis, cuyo pesaje se traduce en otras 656 porciones destinadas al consumo. De este modo, el volumen global retirado del mercado ilegal consolidó la cifra de 6.682 dosis.
Además de las sustancias prohibidas, los investigadores lograron confiscar una serie de herramientas logísticas clave que eran utilizadas para sostener la actividad ilícita. El inventario de secuestros puestos a disposición judicial contempló 30 teléfonos celulares, 9 balanzas de precisión destinadas al fraccionamiento, 2 automóviles y 2 motocicletas empleadas para el traslado. Desde las esferas gubernamentales ponderaron las acciones articuladas entre las fuerzas de seguridad y los magistrados judiciales como un eje central para desbaratar los puntos de microtráfico y consolidar la seguridad pública en el territorio jujeño.
