El panorama judicial y social en la provincia de Jujuy sumó un nuevo capítulo de tensión tras la reciente resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia local, presidida por el Juez Federico Otaola.
El máximo tribunal de la provincia desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el marco de una causa originada en el año 2022, dentro de la cual se habían ejecutado diversos allanamientos en la vivienda particular del referente social Gonzalo Maurín. Ante este revés en los tribunales locales, las agrupaciones comunitarias reaccionaron de forma inmediata mediante la difusión de un enérgico manifiesto público en el que acusan a la cúpula judicial de responder a los intereses del poder político vigente, al tiempo que exigieron el cese inmediato de los procesamientos y repudiaron lo que consideran una campaña de hostigamiento mediático y judicial en perjuicio de la militancia.
Sebastián Fernández Ferreira, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y uno de los ciudadanos imputados en el expediente, criticó con dureza el fallo y anticipó que, debido al agotamiento de la vía judicial ordinaria en la provincia, las agrupaciones trasladarán sus reclamos hacia el fuero de la Justicia Federal. El dirigente relató que se había solicitado formalmente el archivo de las actuaciones bajo el argumento de que, transcurridos cuatro años desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público no ha logrado recabar ningún elemento probatorio de valor. No obstante, según detalló Fernández Ferreira, el tribunal supremo dictaminó que la ausencia de pruebas es una instancia que debe resolverse durante la etapa del juicio oral, una respuesta que, a criterio del militante, ratifica la manipulación e instrumentalización política que ha sufrido la causa desde su origen.
Al rememorar el inicio del conflicto legal, el cual comenzó a tramitarse bajo el mandato gubernamental del exmandatario Gerardo Morales a través de operativos policiales en múltiples comedores y merenderos barriales, el referente del FOL denunció que la recopilación de los datos que sustentan la acusación inicial se ejecutó mediante mecanismos de espionaje ilegal. De acuerdo con lo manifestado por el imputado, los propios informes de la fuerza policial admiten el empleo de agentes infiltrados para la obtención de información en espacios no judiciales. En lo que respecta a su situación particular, Fernández Ferreira aseguró que no existe ninguna denuncia formal en su contra, sino únicamente una filmación oculta realizada por un infiltrado, calificando la validez del proceso como un desacierto jurídico que ya fue denunciado formalmente por los damnificados ante los tribunales federales.
Finalmente, el dirigente social vinculó el repentino impulso de este y otros expedientes penales con el clima de descontento socioeconómico que golpea con mayor fuerza a las comunidades periféricas del territorio jujeño. Explicó que el avance de estas causas judiciales suele coincidir de manera sistemática con los momentos de potencial conflicto o de crisis profunda en los sectores vulnerables, afectando tanto a los movimientos populares como a las conducciones de los sindicatos estatales. Con respecto a la coyuntura en las barriadas, advirtió que el panorama actual es de extrema fragilidad y sugirió que existe un recelo generalizado por parte de las autoridades ante la posibilidad de desbordes sociales; no obstante, concluyó señalando que los intentos de disciplinar a los referentes de las organizaciones no lograrán contener los reclamos, dado que la única vía efectiva para evitar las protestas consiste en implementar políticas públicas que resuelvan las condiciones de vida de la población.
