La Justicia Federal emitió una orden perentoria dirigida al Poder Ejecutivo Nacional para que ejecute de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución adopta una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y le concede a las autoridades un margen de cinco días para concretar la recomposición salarial de los trabajadores del sector y actualizar el presupuesto asignado a los programas de becas para estudiantes. La disposición del tribunal impone una sanción económica por cada jornada de retraso mediante el cobro de astreintes, sustentándose en los artículos de la norma que estipulan el ajuste acumulado desde finales de 2023 para el personal docente y no docente, así como la asignación de recursos para el alumnado.
Esta decisión judicial da continuidad a un prolongado litigio iniciado a finales de 2025, cuando un fallo contencioso-administrativo puso en pausa los efectos de un decreto gubernamental que subordinaba la aplicación de la ley a la búsqueda de financiamiento alternativo. La Cámara del fuero confirmó esa postura cautelar argumentando que la falta de actualización generaba un daño irreparable en el sistema de enseñanza, postura que fue refrendada formalmente por la Corte Suprema al desestimar los recursos presentados por los abogados del Estado. Aunque durante la mitad de este año las partes suscribieron un convenio paritario parcial para la transferencia de fondos y el refuerzo de los gastos de funcionamiento, las entidades universitarias advirtieron que dicho acuerdo no extinguió el reclamo de fondo ni cubría los requerimientos legales fijados por el Congreso.
En las semanas previas a esta intimación, la representación gubernamental buscó en los tribunales dejar sin efecto la cautelar bajo la premisa de que los desembolsos pactados previamente resolvían la demanda. Sin embargo, el juez interviniente rechazó de plano ese requerimiento al considerar que la pérdida del poder adquisitivo y el contexto socioeconómico de la comunidad universitaria no se encontraban subsanados ni resueltos de manera definitiva. La tensión institucional aumentó tras el quiebre de las negociaciones paritarias recientes en la cartera educativa, donde la oferta salarial presentada fue rechazada en forma unánime por los gremios de la actividad por resultar idéntica a propuestas anteriores.
Ante el estancamiento de las conversaciones oficiales, las asociaciones de docentes y no docentes implementaron un plan de lucha con huelgas parciales y jornadas de protesta distributivas en diversas facultades durante más de tres semanas. Voceros sindicales recalcaron la gravedad de que la administración central desoiga la vigencia de un marco legal respaldado de manera coincidente tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Judicial. Para visibilizar los reclamos presupuestarios y exigir el acatamiento de las sentencias pendientes, los sectores universitarios convocaron a una nueva Marcha Federal con concentración frente a la sede de los Tribunales Nacionales para mediados del próximo mes.
