Frente al impacto generado por los recientes incrementos en las facturas de energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo de la Provincia ha formalizado un pedido ante la empresa EJESA para mitigar la presión económica sobre los usuarios jujeños.
El titular del organismo, Pablo La Villa, remitió una misiva a la prestataria solicitando la suspensión temporal del cobro de intereses punitorios y moratorios para aquellos clientes que presenten retrasos en sus pagos. El funcionario calificó las subas actuales como “desproporcionadas”, argumentando que los montos facturados han superado los índices inflacionarios y no guardan relación con el poder adquisitivo de los trabajadores locales.
Durante una entrevista radial, el abogado detalló que la solicitud busca que la empresa resigne la aplicación de estos recargos adicionales por un lapso de entre seis y ocho meses. Según explicó, la acumulación de intereses y nuevas facturas genera una deuda que se vuelve inalcanzable para gran parte de la población, cuyos salarios suelen oscilar en rangos que dificultan afrontar boletas que, en muchos casos, ya alcanzan los 80 o 90 mil pesos. En este sentido, La Villa instó a la firma a demostrar “compasión” y responsabilidad empresarial ante un reclamo social que se extiende por todas las localidades de la provincia.
Otro de los puntos centrales del reclamo radica en la necesidad de frenar las suspensiones del suministro y el posterior retiro de medidores por falta de pago. El Defensor del Pueblo advirtió que la quita del dispositivo de medición ocurre apenas una semana después del corte, lo que obliga al usuario a costear una nueva instalación que representa una carga financiera extra equivalente a media boleta. Para el funcionario, es imperativo que, dada la crisis actual, se garantice la permanencia del servicio y se evite “condenar a la oscuridad” a las familias que no pueden seguir el ritmo de los aumentos dispuestos tras la quita de subsidios nacionales por parte de EJESA.
Finalmente, el representante del organismo destacó el rol de la tarifa social provincial como una herramienta de alivio, aunque consideró fundamental ampliar su alcance para cubrir a un mayor espectro de la sociedad civil. Si bien reconoció que la administración provincial enfrenta limitaciones presupuestarias debido al recorte de fondos por parte del Gobierno Nacional, insistió en que el régimen de aumentos debe tener un límite que contemple la realidad del sector público y privado.
