La Comunidad Indígena Pukará de Tilcara denunció un intento de desalojo.
El Jefe comunero de la Comunidad Pukará, Sergio Montoya dijo que “desde generaciones habitamos este territorio, donde crecieron nuestras familias, nacieron nuestros hijos y nietos. Este lugar no es sólo un espacio físico: es nuestra historia, nuestra vida y nuestro hogar ancestral”.
Además, Montoya señaló que en su momento la Jueza Rondón desestimó pruebas claras de permanencia y desconoció a la comunidad como sujeto de derecho. “Detrás de este proceso está el abogado Gustavo Fiad, quien pretende sostener un reclamo territorial basado en una escritura de 1911, vaga, prescripta y sin ubicación exacta. A esto se suma que los iniciadores de esa prescripción trabajaban en inmuebles, con acceso privilegiado a documentación. Hoy esas personas ya fallecieron, pero el doctor Fiad continúa con el proceso. ¿Por qué?”.
“El supuesto instrumento legal está caducado y fue acompañado de maniobras políticas y de amiguismo. Fiad utiliza el término ‘pronto despacho’ no para buscar justicia, sino para obtener un resultado a medida de intereses privados. ¿Cómo puede ser posible que alguien presente un plano de prescripción vencida y aun así consiga un desalojo?”, expresó Montoya.
Actualmente, la causa está en manos de otro juez y la comunidad apela a que se revisen los fallos anteriores. “Necesitamos que se planteen pautas claras y se reconozca a la comunidad como parte legítima. Es fundamental dar claridad y transparencia al proceso para recuperar la confianza en una justicia que aparece viciada por complicidades”, manifestó Delfina Montoya.
Cabe recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, garantiza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A su vez, el inciso 22 reconoce la jerarquía constitucional de tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que protege a las comunidades de desalojos sin consulta previa.
