La explanada de la Legislatura provincial se convirtió en el escenario de una masiva protesta bajo la modalidad de “banderazo”, impulsada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y el Foro de Hábitat Digno.
Las organizaciones sociales concentraron sus reclamos frente a la Casa de Piedra con el objetivo de exigir a los diputados el debate y la aprobación urgente del proyecto que declare la emergencia habitacional en Jujuy, sumado a la sanción de la Ley de Hábitat Digno. El trasfondo de la movilización se sustenta en estadísticas recientes provistas por el informe de la CTA “Frente Barrial”, el cual devela una realidad alarmante: se calcula que más de 64.000 familias dentro del territorio jujeño se encuentran actualmente privadas del derecho a un hogar adecuado, una problemática de larga data respecto a la cual el propio gobernador, Carlos Sadir, admitió públicamente que existe una inmensa demanda por parte de la comunidad.
Durante el desarrollo de la manifestación, Marcelo Cavero, referente de la mencionada central barrial, detalló las extremas condiciones en las que subsisten miles de ciudadanos, advirtiendo que un gran número de personas reside desde hace más de medio siglo en tierras asentadas formalmente como “espacios verdes”. Al no contar con un reconocimiento legal de sus terrenos, estas familias carecen por completo de infraestructura básica como redes de gas y cloacas, debiendo abastecerse de agua mediante conexiones informales de mangueras y dependiendo de sistemas eléctricos de alta precariedad. El dirigente apuntó de forma directa contra el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), cuestionando que la entidad solicite requisitos comerciales rígidos como dos recibos de sueldo y empleo en relación de dependencia, lo que margina automáticamente al amplio sector de trabajadores informales y hace que el organismo opere de manera similar a una empresa inmobiliaria exclusiva para quienes poseen el capital suficiente.
Las críticas de las agrupaciones vecinales también salpicaron el proceder de la Secretaría de Ordenamiento Territorial por establecer plazos de construcción inviables, que obligan a los adjudicatarios a levantar sus edificaciones en un lapso de entre cuatro y seis meses, sin contemplar que se trata de familias desfinanciadas y con deudas previas. Ante este escenario restrictivo, desde el sector movilizado plantearon la necesidad de que el Estado provincial impulse, como alternativa viable, la creación y entrega de lotes provistos de servicios básicos esenciales para fomentar planes de autoconstrucción. Asimismo, se expuso que las elevadas tarifas del servicio eléctrico empujan a los sectores más vulnerables a utilizar braseros artesanales para protegerse del frío polar, una peligrosa práctica que recientemente se cobró la vida de un matrimonio de trabajadores ambulantes debido a la intoxicación por monóxido de carbono.
Esta renovada presión social busca visibilizar cómo la meta de la vivienda propia se ha vuelto un ideal inalcanzable para la mayoría de los habitantes de la provincia debido a las fallas crónicas en las políticas públicas de urbanización. El reclamo de las entidades civiles frente al parlamento local no sólo pone el foco en el déficit estructural de viviendas sociales, sino también en las barreras burocráticas y económicas que imponen los entes gubernamentales. En consecuencia, la permanencia de las agrupaciones en el espacio público busca forzar un giro en la agenda de los legisladores para que se atienda con celeridad este contexto crítico que afecta de manera directa la dignidad y la seguridad sanitaria de miles de hogares jujeños.
