La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) lanzó una dura campaña de protesta contra el Gobierno de Jujuy, liderado por Carlos Sadir, tras el cierre unilateral de las negociaciones paritarias.
Según manifestó la organización sindical, la administración provincial impuso un aumento salarial del 16,5% para el periodo enero-julio de 2026, una cifra que queda notablemente por debajo de la inflación proyectada para el mismo lapso, estimada en un 19,5%. Esta brecha, denuncian, profundiza el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores del sector público, afectando indirectamente la actividad de comerciantes y pequeñas y medianas empresas de la región.
La situación es calificada como crítica para el sector profesional de la provincia, cuyo haber inicial se encuentra actualmente por debajo de la línea de la pobreza. Los sindicatos advierten que la Canasta Básica Total (CBT) medida a mayo de 2026 alcanzó los $1.498.741, un monto inalcanzable para muchos de los especialistas estatales. De acuerdo con el planteo gremial, esta devaluación de los ingresos genera una grave fuga de recursos humanos y un proceso de “desprofesionalización” en las dependencias de la administración pública provincial.
Frente al recurrente argumento oficial sobre la escasez de recursos, las entidades gremiales expusieron datos contundentes sobre la recaudación de la provincia para demostrar que existen fondos suficientes. Entre enero y mayo de 2026, Jujuy percibió $797.352.000.000 en concepto de coparticipación, lo que representa un incremento nominal interanual del 29,5%. A esto se suman los ingresos por regalías mineras en el mismo periodo, que ascendieron a $20.045.450.667; los sindicatos aseguran que con destinar apenas el 0,1% de estos fondos se podría garantizar un sueldo digno para los profesionales.
La protesta también pone el foco en una serie de compromisos incumplidos que el Ejecutivo jujeño mantiene desde hace tiempo con el sector de la salud y el empleo público. El sindicato denuncia un retraso de más de dos años en la actualización del adicional por “Criticidad” en el ámbito sanitario, así como más de un año de incumplimiento en el reconocimiento del transporte para los agentes de salud. Asimismo, se reclama el cese de los despidos sin causa en el Ministerio de Ambiente para resguardar la estabilidad laboral, y el debido reconocimiento de tareas críticas en el Ministerio de Derechos Humanos.
Bajo la consigna “¡Plata Hay! Basta de dilataciones”, APUAP y FESINTRAS exigen la inmediata reapertura de la mesa de negociación paritaria para revertir este escenario de conflictividad.
