Un nuevo conflicto salarial y laboral mantiene en vilo al sector educativo en Jujuy, luego de que CEDEMS manifestara su profundo rechazo ante la aplicación de descuentos de haberes a los educadores que se sumaron a recientes jornadas de protesta.
Mariano Ortiz, Secretario del CEDEMS, confirmó la recepción de aproximadamente 100 reclamos formales por parte de los trabajadores afectados, advirtiendo que la cifra total podría ser sensiblemente mayor al considerar a los profesionales que no se encuentran afiliados. Las reducciones aplicadas en las liquidaciones alcanzan montos que van desde los $180.000 hasta los $700.000, una situación que generó incertidumbre debido a la falta de precisión oficial respecto a las fechas específicas contempladas en los recortes.
Frente a este escenario, la entidad gremial elevó notas dirigidas a la cartera de Hacienda provincial con el propósito de transparentar el detalle de las jornadas alcanzadas por las quitas, dado que diversos educadores manifestaron no haber adherido a paros durante los períodos bajo sospecha. Desde la conducción del sindicato defienden la legitimidad constitucional amparada en el Artículo 14 bis de las medidas de fuerza adoptadas en el marco de la normativa vigente, por lo que sostienen que los descuentos resultan improcedentes. Una vez reunida la documentación técnica requerida al área económica del Ejecutivo provincial, la comisión directiva evaluará los mecanismos legales y las acciones de amparo correspondientes para exigir la restitución de los fondos retenidos.
De forma paralela, el gremio docente impulsa un pedido formal de audiencia ante la Legislatura jujeña motivado por la difusión en el Boletín Oficial de una nómina que involucra a cerca de 2.000 profesores de enseñanza media. Dicha nómina responde a un proceso investigativo enfocado en la supuesta presentación de certificados e instrumentos apócrifos ante las Juntas de Clasificación. Desde la dirigencia gremial cuestionaron enérgicamente la exposición pública de los datos personales y documentos del personal antes de que las autoridades dictaminen responsabilidades definitivas, señalando que la medida genera un juzgamiento social prematuro e injusto sobre la comunidad docente.
Por último, los referentes sindicales remarcaron que, si bien consideran fundamental avanzar en las investigaciones tendientes a desarticular los circuitos irregulares de comercialización de documentación falsa, la acción del Estado debe centrarse en sancionar a los responsables directos de la venta y confección de dichos títulos. El sindicato enfatizó que muchos de los profesores involucrados actuaron de buena fe y resultaron víctimas de maniobras fraudulentas, por lo que resulta indispensable garantizar el derecho a la presunción de inocencia y brindar el debido acompañamiento institucional mientras transcurra el proceso administrativo y judicial.
