La escena judicial de la provincia de Jujuy sumó un nuevo capítulo de relevancia tras formalizarse la imputación contra el extitular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Enrique Lello Sánchez.
La decisión procesal se concretó luego de que el exfuncionario fuera convocado a una audiencia formal. En dicho acto, la agente fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar dio lectura a los cargos que contiene el legajo número P-15345/26, donde Lello Sánchez quedó formalmente investigado bajo la presunta autoría del delito de peculado de servicio, una figura legal que se le adjudica en un total de 17 hechos bajo la modalidad de concurso real.
De acuerdo con las constancias que figuran en el expediente, las presuntas irregularidades habrían tenido lugar a lo largo del extenso período en que el acusado ejerció funciones jerárquicas dentro del organismo. Específicamente, la investigación abarca su gestión iniciada en el año 2016 en carácter de fiscal general, así como también su desempeño posterior a partir de marzo de 2024, momento en el que asumió el cargo de procurador general del Ministerio Público de la Acusación. Las sospechas sobre su desempeño se profundizaron tras un pedido de juicio político reflotado en la sesión legislativa del 2 de octubre del año pasado, impulsado por exmiembros de la institución que denunciaron haber sido removidos de sus puestos de manera injustificada.
Aquel requerimiento ante la Legislatura jujeña, expuesto en su momento por el diputado provincial Facundo Figueroa Caballero, también involucraba al procurador adjunto Ignacio Pasquini por presunta malversación de fondos. Ante esta presentación, el vicegobernador y presidente de la Cámara, Alberto Bernis, derivó las actuaciones a la Comisión Investigadora, cuerpo que resolvió suspender de inmediato a las autoridades bajo sospecha. Posteriormente, se ejecutó un procedimiento en la sede central del MPA, ubicada sobre la calle Sarmiento en el microcentro de la capital jujeña, donde las fuerzas de seguridad incautaron computadoras, notebooks, discos rígidos, servidores, teléfonos institucionales y legajos del personal judicial para su análisis pericial.
Durante la audiencia imputativa reciente, Lello Sánchez optó por plantear la recusación de la fiscal Serrano Antar, una estrategia que ahora traslada la decisión al juez de Control interviniente, quien deberá dictaminar si ratifica a la funcionaria o designa a un nuevo fiscal para la causa. Cabe recordar que el ordenamiento penal castiga la figura del peculado con penas que oscilan entre los 2 y los 10 años de prisión, sumado a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, sanción aplicable tanto a quien desvíe fondos estatales como a quien utilice en beneficio propio o de terceros los servicios abonados por la administración pública. Al encuadrarse bajo el artículo 55 del Código Penal (concurso real), la normativa establece que las escalas penales se acumularán al tratarse de múltiples hechos independientes entre sí.
