El nivel de bancarización y financiamiento formal en Argentina atraviesa una etapa inédita, alcanzando a casi 21.000.000 de personas.
Sin embargo, este crecimiento trajo consigo un incremento en los índices de morosidad, los cuales rondan actualmente el 30% del volumen general de préstamos. Ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, representantes del sector fintech detallaron el panorama actual, destacando que unos 2.400.000 de usuarios con mora pertenecen al ámbito de las plataformas digitales, lo que equivale al 16% del total del capital en irregularidad dentro del circuito financiero.
Frente a este escenario, las empresas de tecnología financiera han implementado mecanismos de contención que ya cubren al 90% de los clientes afectados. El objetivo central de estas medidas es facilitar esquemas de refinanciación adaptados a cada caso para evitar la acumulación desmedida de deudas y proteger el historial crediticio de los usuarios. Las compañías señalan que la asistencia se articula mediante una detección temprana de los casos complejos, poniéndose en contacto con las personas a través de las vías de comunicación previamente autorizadas para consensuar una vía de pago viable.
En el marco del debate legislativo, la industria expuso además los motivos detrás de la estructura de sus tarifas, diferenciando su modelo operativo del que ejecutan las entidades bancarias tradicionales. Al no captar depósitos del público para prestar, las plataformas deben fondearse a través de bancos o del mercado de capitales, asumiendo un costo más elevado. A esta variable se suma que otorgan créditos a sectores con antecedentes escasos o nulos y sin exigir garantías convencionales, factores que inciden de forma directa en el cálculo de las tasas.
Por último, se enfatizó la importancia de interpretar correctamente indicadores como el Costo Financiero Total Efectivo Anual en préstamos de montos reducidos y plazos breves. Al tratarse de operaciones que suelen cancelarse en pocos días, la anualización de los porcentajes genera guarismos muy elevados que no reflejan la suma real desembolsada en intereses e impuestos por el prestatario. Asimismo, se alertó sobre los riesgos de restringir el acceso a estas herramientas formales, advirtiendo que la necesidad de liquidez persiste y puede empujar a los usuarios hacia circuitos informales carentes de regulación y derechos de protección.
