Un reciente estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas al revelar la profunda crisis financiera que atraviesan los hogares en Jujuy para afrontar los costos del suministro eléctrico y de agua potable.
Tras analizar una muestra representativa de 660 personas distribuidas en San Salvador de Jujuy, la Quebrada, la Puna y la zona de Perico, el organismo detectó que la abrumadora mayoría de la población padece seria vulnerabilidad económica. El informe refleja que hasta un 80 % de las familias debió recurrir a un ajuste drástico en la cobertura de sus necesidades más elementales para no perder la prestación de estos servicios esenciales.
El deterioro del poder adquisitivo afectó el consumo cotidiano de forma generalizada, obligando a los jujeños a achicar partidas destinadas a rubros clave como la alimentación y la indumentaria. La situación adquiere un matiz aún más severo entre la población de la tercera edad, donde la falta de recursos económicos impactó de lleno en el acceso a medicinas e insumos farmacológicos de primera necesidad. Dentro de este segmento de adultos mayores, 6 de cada 10 encuestados registran demoras en la cancelación de sus boletas, mientras que casi un tercio arrastra una morosidad de dos o más períodos vencidos.
Esta tendencia negativa no resulta ajena a la población económicamente activa, ya que el 68 % de los empleados públicos y del sector privado admitió severas complicaciones para abonar a tiempo las facturaciones, acumulando deudas que exponen a los usuarios al riesgo inminente de suspensión o retiro del medidor. Ante este panorama, el titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Lavilla, confirmó requerimientos dirigidos a la empresa prestadora EJESA y al ente regulador SUSEPU para solicitar la suspensión de los intereses punitorios, la ampliación de los cronogramas de vencimiento y el cese de los cortes de suministro, calificando las tarifas por reconexión como cobros desmedidos.
El incremento sostenido en las facturas responde a las readecuaciones tarifarias en los costos nacionales de generación y transporte de energía, sumado al impacto de los tributos provinciales y a la paulatina quita de subsidios. En respuesta a las numerosas denuncias registradas en delegaciones del interior como Abra Pampa y La Quiaca, la Defensoría también gestiona reclamos formales por los constantes cortes derivados de factores climáticos y por la avería de artefactos eléctricos, en un contexto socioeconómico cada vez más complejo para los habitantes de la provincia.
