La abogada ambientalista, Alicia Chalabe denunció las irregularidades en las regalías mineras.
La letrada explicó que “las regalías que la provincia cobra es sobre el mineral extraído es del 3%, menos los costos. Lo que estamos exportando es el polvo de carbonato de litio que es la materia prima en bruto; ese 3%, que es menos, va en un 70% a Rentas generales de la provincia y el 20% restante a los municipios y comisiones municipales”. “Supongamos que al kilo de polvo de litio lo exportamos a US$10, el valor que se le da en los países a donde se manda va subiendo, si es para baterías US$100, si es para energía nuclear US$3.000, energía aeronáutica miles de dólares, es decir que la cadena de valor la ponen otros países, nosotros solo exportamos materia prima a un valor ínfimo”, sostuvo Chalabe.
Sobre los destinos que se le da a la recaudación que tiene la provincia en materia de regalías mineras por el litio, es una incógnita. “El 3% que se recauda es ínfimo y lo que va a Rentas es un agujero negro. No sabemos a dónde va la recaudación, es decir a qué sector del estado o dónde se hace esa inversión que es mínima en comparación del precio real que tiene el litio luego de sumarse la cadena de valor. Y la parte que va a las comunidades tampoco sabemos si es que las comisiones municipales y los municipios destinan fondos a las comunidades porque nadie informa nada”.
A su vez, mencionó que el mes pasado la empresa Arcadium Lithium se vendió a la minera Río Tinto por US$6.700.000.000 y “allí la empresa JEMSE tuvo una participación del 8,5%, pero lo cierto es que no se informa nada, menos los números. Lo que sí sabemos es que en las Salinas no hay señal de telefonía, que las comunidades no tienen agua o muy escasa y que hay campañas dermatológicas con médicos que impulsan las propias empresas mineras porque no hay agentes de salud, es decir la inversión que debería hacer el estado, no se la ve”. “Es necesario que se transparenten los contratos y sobre todo los montos de dinero que se distribuyen. Las comunidades dependen de las comisiones municipales las cuales deberían informar cuáles son las inversiones que se hacen en las comunidades, porque no vemos que las regalías vayan a las comunidades” sostuvo la abogada ambientalista.
La abogada Chalabe mencionó que llevan adelante una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la Constitución provincial “porque se ha legislado sobre el agua, no hay control sobre el agua que usan las empresas mineras y hay una serie de estándares de derechos humanos que no se cumplen; mientras la OIT participa y apoya estos proyectos mineros, lo cual es extraño”.
