Este miércoles, la Plaza Belgrano de la capital jujeña será el escenario de una nueva movilización denominada “Marcha Social Jujeña”, programada para las 17:00.
El objetivo central de la convocatoria es denunciar los constantes recortes presupuestarios que afectan al sector de la discapacidad y poner de manifiesto la vulneración de los derechos de los pacientes, sus entornos familiares y los trabajadores especializados. La protesta surge como una respuesta colectiva ante la profunda preocupación por las actuales políticas de ajuste que están desarticulando servicios esenciales, tanto en el ámbito público como en el privado.
Norma Churquina, integrante de la Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia y su Familia (AJUPEF), remarcó que la situación es crítica debido a la falta de cumplimiento de la normativa vigente. En particular, se cuestiona la inacción respecto a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, la cual, tras un proceso de veto y posterior respaldo de la Corte Suprema, sigue sin implementarse de manera efectiva. Esta parálisis administrativa se traduce en prestaciones que resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas del colectivo y en un nomenclador de servicios que ha quedado totalmente desfasado frente a la realidad económica actual.
Uno de los puntos de mayor conflicto señalados por los organizadores es la incertidumbre que rodea a las pensiones no contributivas. Existe un marcado temor ante la posible presentación de un nuevo proyecto legislativo que, bajo la premisa de auditar irregularidades y combatir el fraude, termine funcionando como una herramienta para dar de baja beneficios de forma masiva. Según los referentes del sector, este tipo de medidas pone en riesgo la subsistencia de miles de ciudadanos que dependen de dicha asistencia para su vida cotidiana y el acceso a tratamientos médicos indispensables.
La jornada de protesta busca también interpelar a los legisladores, funcionarios y a la sociedad en general para que se garantice el respeto a las convenciones internacionales y a las leyes nacionales que protegen a las personas con discapacidad. El llamado es a exigir que el Gobierno nacional detenga el desmantelamiento del sistema y asegure el financiamiento necesario para las prestaciones de salud y educación. Con esta concentración, las organizaciones esperan que el reclamo jujeño gane visibilidad y fuerce una revisión de las políticas actuales que afectan la dignidad y el bienestar de este grupo social.
