En una jornada de protesta marcada por la incertidumbre y la demanda de derechos ancestrales, diversas comunidades originarias de la provincia de Jujuy se concentraron el jueves en la Plaza Belgrano para exigir el cumplimiento de deudas administrativas históricas.
El foco del reclamo se centra en la obtención de la personería jurídica y la entrega de los títulos de propiedad comunitaria, trámites que, según denuncian los manifestantes, se encuentran paralizados por una burocracia que pone en riesgo la permanencia en sus tierras. A pesar de que durante el mes de abril se registraron avances significativos con la regularización de los pueblos de Agua Blanca, Soledad, Mal Paso de Humahuaca y Unión y Fuerza de El Aguilar, el proceso parece haberse estancado para el resto de las organizaciones territoriales.
La situación actual se ha tornado crítica tras el fallecimiento del funcionario que actuaba como mediador directo entre el Gobierno provincial y los pueblos indígenas. Griselda Ibáñez, referente de la comunidad de Finca El Pongo, señaló que contaban con el compromiso de recibir sus documentos entre el 8 y el 10 de abril, pero que tras la pérdida de dicho nexo, las respuestas oficiales han desaparecido. Según su testimonio, los expedientes se encuentran en un ciclo de dilaciones constantes entre la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Fiscalía de Estado, áreas que se responsabilizan mutuamente por la falta de firmas y solicitan correcciones técnicas que las comunidades consideran innecesarias.
La falta de este reconocimiento legal no es solo una cuestión de papeles, sino que representa la principal barrera para acceder a la titularidad de sus territorios. Sin la personería jurídica, las comunidades quedan en una posición de extrema vulnerabilidad jurídica, quedando imposibilitadas de defenderse ante posibles reclamos de terceros. Esta preocupación ha escalado en los últimos días debido al antecedente de la comunidad CIPAQUI, en la localidad de Purmamarca, la cual recibió recientemente una orden de desalojo que encendió las alarmas en toda la región y aceleró la decisión de trasladar la protesta a las puertas de la Casa de Gobierno.
El conflicto, que lleva meses de negociaciones infructuosas y reuniones con diversos funcionarios, refleja una tensión creciente por el control y la posesión de las tierras en el territorio jujeño. Mientras algunas comunidades celebran la normalización de su estatus legal, el grupo que se manifestó hoy en la capital advierte que el tiempo se agota y que la seguridad de sus familias depende de una resolución política inmediata. La manifestación en el corazón de la ciudad busca visibilizar que, ante la amenaza de perder sus hogares, la regularización de las personerías ha dejado de ser un trámite secundario para convertirse en una cuestión de supervivencia cultural y territorial.
