Un grupo de efectivos de la Policía de Jujuy en situación de retiro manifestó su enfático rechazo al reajuste salarial dispuesto por la administración provincial para los empleados públicos, el cual prevé un 6% escalonado en tres cuotas consecutivas del 2% a liquidarse durante el último trimestre del año.
Desde la agrupación pasiva sostienen que este porcentaje resulta sumamente escaso para afrontar el contexto de escalada inflacionaria y los incrementos en insumos básicos, servicios y combustibles. Asimismo, recriminaron que las actualizaciones otorgadas previamente se acreditaron en los haberes de la clase pasiva con atrasos que rondaron el medio año de demora.
Las retribuciones mensuales del personal retirado oscilan entre $1.100.000 y $1.200.000 en los escalafones de menor antigüedad, ascendiendo a un rango de $1.400.000 a $1.500.000 en las categorías superiores, montos que sufren reducciones sustanciales al aplicarse las deducciones por la cobertura médica de la obra social y la prima del seguro de vida. La principal inquietud radica en los plazos de efectivización de la reciente pauta salarial, ya que existe soslayado recelo de que la percepción de los tramos pueda postergarse hacia el próximo período fiscal, acrecentando la depreciación del ingreso frente al costo del costo de vida.
Paralelamente, la representación del sector pasivo cuestionó la ausencia de un canal de comunicación fluido con las autoridades provinciales. Tras haber formalizado hace dos meses un petitorio de audiencia ante la Secretaría de Seguridad sin recibir comunicación formal, insistieron en la urgencia de concretar un encuentro institucional. Esta mesa de trabajo busca revisar anomalías sistemáticas registradas en la liquidación de las planillas salariales, donde se detectaron deficiencias específicas en el cálculo de las pensiones y en el abono de la asignación familiar, circunstancia que perjudica severamente a los retirados que tienen a su cargo dependientes con discapacidad.
Ante el estancamiento de las demandas en el ámbito local, los voceros anticiparon su intervención en un plenario que congregará a delegados de todas las jurisdicciones del país, además de un seminario de alcance latinoamericano en el que se discutirán las problemáticas de las fuerzas de seguridad, la calidad de la cobertura sanitaria y las metodologías de gestión del sector. De forma simultánea, anunciaron que concurrirán de manera presencial a la sede de la Secretaría de Seguridad a lo largo de la semana en curso con el objeto de requerir una contestación definitiva a su solicitud de reunión y fijar un esquema formal de negociación.
