La puesta en marcha de la nueva normativa que regula el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educativos de Jujuy ha generado un clima de incertidumbre y rechazo en el sector gremial.
Desde esta semana, las instituciones deben aplicar un protocolo que restringe el acceso permanente de los alumnos a sus teléfonos, permitiendo su utilización únicamente en contextos pedagógicos específicos y bajo supervisión. Sin embargo, la implementación ha comenzado con dificultades operativas, ya que diversas escuelas reportan no haber recibido aún la resolución formal del Ministerio de Educación, basándose únicamente en anuncios realizados a través de redes sociales y medios de comunicación.
El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) advirtió que esta medida representa una preocupante sobrecarga de tareas para el personal educativo. Según los representantes del gremio, la obligación de recolectar y custodiar los equipos traslada a los profesores y preceptores una responsabilidad civil y legal que no les corresponde. El temor principal radica en la seguridad de los dispositivos, muchos de los cuales poseen un valor económico que supera ampliamente los salarios docentes, dejando a los trabajadores en una posición vulnerable ante posibles daños, pérdidas o reclamos por parte de las familias.
A la preocupación por la seguridad material se suma la crítica pedagógica sobre la efectividad de una prohibición tajante. Los delegados sindicales sostienen que existe una contradicción intrínseca en el sistema actual, pues al impedir el contacto con la tecnología en el aula se pierde la oportunidad de enseñar a los jóvenes a utilizar estas herramientas de manera responsable y crítica. Para el gremio, la solución no debería pasar por la restricción administrativa, sino por una educación digital integrada, señalando además que el cuerpo docente no fue consultado en ningún momento durante la elaboración de esta nueva modalidad de control.
En localidades como Palpalá y otras zonas de la provincia, la falta de lineamientos claros ha profundizado el malestar entre los educadores, quienes hoy se ven obligados a gestionar protocolos inexistentes o improvisados. La ausencia de una guía oficial detallada sobre cómo proceder con la retención y devolución de los aparatos genera complicaciones diarias en el ingreso a las aulas. Mientras el Ministerio busca reorganizar la convivencia escolar tras recientes episodios de amenazas institucionales, los docentes insisten en que la medida, tal como está planteada, sólo añade una carga laboral y legal más a una profesión ya exigida por el contexto social.
