El escenario político e institucional de Tilcara atraviesa momentos de alta tensión tras la formalización del proceso que busca dirimir la continuidad de su máxima autoridad municipal.
Desde el Poder Legislativo comunal se presentó formalmente un denso compendio compuesto por 569 elementos probatorios que respaldan la acusación contra la Intendenta Sonia Pérez. Este severo cuestionamiento cuenta con el consenso absoluto de la totalidad de los concejales del recinto, quienes fijaron el próximo viernes 23 de octubre a las 19:00 horas, en la sede de la Biblioteca Popular, para que la funcionaria ejerza su derecho a réplica mediante la presentación del descargo correspondiente dentro del periodo establecido de 15 días.
Las fundamentaciones que impulsan esta medida extraordinaria fueron expuestas por el titular del cuerpo deliberativo, Manuel Tapia, en declaraciones periodísticas. Entre los principales motivos que llevaron a la creación de una comisión fiscalizadora especial se destaca el reiterado silencio administrativo ante casi dos centenares de requerimientos de información formalmente cursados, la cesión inconsulta de una porción de terreno fiscal de una hectárea a un particular, la anulación sistemática e indebida de resoluciones legislativas para frenar el control de los fondos públicos e investigaciones judiciales, y el cobro indebido de tributos en la vía pública aplicando esquemas tarifarios desactualizados en detrimento de la normativa vigente.
A pesar de la falta de tratamiento por parte de los organismos provinciales encargados de los asuntos institucionales frente a un pedido previo de intervención local, los ediles tilcareños resolvieron avanzar de manera independiente haciendo uso de las atribuciones concedidas por el marco legal municipal. La investigación sigue sumando aristas operativas, habiéndo solicitado el monitoreo e informes de dependencias provinciales de control financiero, territorial e hídrico, al tiempo que se indaga sobre supuestas maniobras de facturación irregular cometidas por integrantes del gabinete comunal.
Con la notificación formal de las imputaciones concretada durante la jornada del mediodía, el panorama gubernamental de la localidad quebradeña ingresa en una fase determinante. Las autoridades del concejo reafirmaron su compromiso de actuar como órgano contralor frente a la ciudadanía para evitar la impunidad en la gestión de los recursos públicos, dejando el desenlace institucional a expensas de la defensa que prepare la jefa comunal y de la posterior votación decisiva que emitirá el órgano deliberativo en las semanas venideras.
