En medio de las discusiones por la diagramación del nuevo presupuesto provincial, agrupaciones territoriales e integrantes del Consejo Provincial de la Mujer advirtieron sobre el delicado panorama que atraviesan los dispositivos encargados de contener la violencia de género en Jujuy.
El pedido principal apunta a conseguir una ampliación real de los recursos financieros destinados a los Centros de Atención Integral, con el objetivo de garantizar una cobertura efectiva ante el incremento sostenido de solicitudes de ayuda urgente por parte de cientos de mujeres en toda la provincia.
Quien visibilizó esta situación fue Carolina Apaza, referente de la organización Red de Vecinas y miembro ad honórem del Consejo Provincial de la Mujer, al señalar que las dificultades operativas persisten debido a la insuficiencia de partidas dirigidas a la asistencia inmediata. Según explicó la dirigente, las políticas públicas suelen priorizar las instancias de difusión y prevención, dejando desfinanciada la contención directa en los centros especializados, que es precisamente el área donde se registra la mayor presión y urgencia cotidiana.
Uno de los aspectos más complejos del diagnóstico radica en la escasez de equipos interdisciplinarios estables, un problema que golpea con mayor fuerza a las localidades del interior jujeño, como ocurre en distintas comunidades de la Quebrada. La falta de plantas permanentes obliga a los profesionales a rotar por días o trasladarse entre distintas jurisdicciones, provocando que muchas víctimas no encuentren psicólogos ni abogados disponibles al momento de una emergencia. Apaza remarcó que esta dinámica no sólo desalienta a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad que buscan seguimiento, sino que también genera sobrecarga y precarización laboral entre los propios trabajadores del sector.
A las falencias de personal se suma una marcada fragmentación institucional cuando las situaciones de violencia afectan al entorno familiar en su conjunto, especialmente en conflictos entre exparejas con hijos en común. Debido a que el Consejo Provincial de la Mujer limita su intervención directa a la mujer agredida, la atención de los menores debe derivarse a otras dependencias estatales que funcionan de manera desarticulada y sin la celeridad necesaria. Este circuito burocrático se ve agravado por las largas demoras para obtener turnos psicológicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la escasa coordinación con la Justicia, motivo por el cual Apaza reclamó a los legisladores mayor inversión presupuestaria y la incorporación prioritaria de profesionales formados con perspectiva de género en todas las áreas estatales.
