Una nueva controversia institucional sacude a la administración pública de Jujuy tras el enérgico pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contra el Ejecutivo provincial.
La entidad nacional manifestó su rechazo ante las maniobras de censura previa y las posteriores sanciones financieras aplicadas al semanario El Expreso de Jujuy, luego de que el medio difundiera un informe crítico sobre las tensiones dentro del oficialismo radical. Según comunicó la organización a través de sus plataformas oficiales, el conflicto se originó a partir de una cobertura periodística enfocada en las derivaciones políticas de la interpelación legislativa al Ministro de Turismo, Federico Posadas, y las disputas internas en el seno del Gobierno.
Según los relatos brindados por las autoridades del periódico y recopilados por FOPEA, las presiones iniciaron el viernes 23 de octubre mediante llamados de diversos integrantes del Gobierno, quienes demandaron cancelar el artículo principal programado para el sábado 24 bajo la premisa de que la prensa debía mantenerse al margen de los conflictos internos de la gestión. Lejos de ceder, el hostigamiento se intensificó durante la madrugada del mismo sábado 24 de octubre, momentos antes de la distribución del ejemplar, cuando el Secretario de Prensa provincial, Alberto Siufi, remitió un audio al editor reiterando la orden de suprimir la nota. Sin embargo, la redacción mantuvo su postura editorial y lanzó su edición Nº 975 con el titular de tapa “Posadas y el descontrol…”, profundizando el análisis en sus páginas internas bajo el título “Posadas, incendio y después…”.
Luego de que el semanario llegará a los lectores, el Ejecutivo provincial ejecutó una represalia directa en el ámbito económico al suspender de manera unilateral el envío de la publicidad oficial que El Expreso de Jujuy percibía regularmente en cada publicación. Los directivos del medio indicaron que buscaron contactarse en múltiples oportunidades con el secretario Siufi para solicitar aclaraciones respecto a la interrupción del vínculo comercial, pero no obtuvieron ninguna contestación. Frente a este hermetismo, el pasado jueves 12 de noviembre las autoridades del periódico remitieron una intimación formal vía correo electrónico exigiendo la restitución inmediata de la pauta y advirtiendo que acudirán a la Justicia si continúa esta política discriminatoria.
Este pronunciamiento de FOPEA sale a la luz apenas unas jornadas después de que la Secretaría de Prensa quedara envuelta en otra polémica vinculada a la falta de transparencia en el uso de recursos estatales. A comienzos de noviembre, a partir de documentación oficial revelada por pedidos de informe de bloques opositores, se comprobó que de una partida total de $3.200.000.000 asignados a comunicación oficial, más de $2.000.000.000 —aproximadamente el 65% de los fondos— fueron adjudicados de forma concentrada a solo cinco conglomerados periodísticos cercanos al Gobierno, entre los que figuran portales nuevos como Coso Stream y Circular Info, con cifras muy por encima de las otorgadas a medios históricos con amplia cobertura en la provincia.
Al ser interrogado durante una rueda de prensa sobre la ausencia de parámetros objetivos y la desigualdad en este reparto presupuestario, Alberto Siufi eludió brindar detalles, criticó la divulgación de esa información pública y clausuró la consulta de forma tajante expresando: “No te lo sé decir (…) No vamos a hablar sobre este tema”. Con el respaldo público de FOPEA al semanario afectado, la política de pauta oficial en Jujuy vuelve a ubicarse bajo la lupa, dejando en evidencia un criterio dispar en la administración del dinero público, caracterizado por asignaciones millonarias y discrecionales hacia sectores afines y el retiro inmediato de fondos como método de disciplinamiento ante coberturas periodísticas críticas.
