Un clima de fuerte tensión se vivió este jueves en pleno centro de la capital jujeña, en la intersección que forman las calles Belgrano y Lamadrid.
En ese sector, una vendedora ambulante llamada Silvia Hilario decidió sujetarse con cadenas a la vía pública con el claro objetivo de bloquear un operativo de desalojo y el consecuente decomiso de mercadería que pretendía ejecutar la Dirección de Control Comercial del municipio.
Durante la manifestación, Hilario visibilizó el profundo malestar del sector informal frente a las medidas comunales y apuntó contra el destino de los elementos retenidos durante estos procedimientos. Según la trabajadora, las incautaciones funcionan de forma irregular y los bienes de trabajo no llegan a instituciones o comedores sociales, sino que terminan siendo retenidos o distribuidos entre los propios inspectores, dejando a las familias sin su sustento diario.
Por otro lado, la protagonista cuestionó las exigencias burocráticas del Estado local al señalar que intentó regularizar su situación en reiteradas oportunidades sin obtener respuestas favorables. De acuerdo con su testimonio, los expedientes administrativos presentados desaparecen de forma sistemática de las oficinas comunales, mientras se multiplican las exigencias de papeles sin ofrecer a cambio alternativas concretas de reubicación comercial que garanticen ventas reales, a diferencia de lo que ocurre en otras arterias transitadas de la ciudad donde el comercio informal opera sin restricciones similares.
En respuesta a la medida de fuerza, el inspector de Control Comercial Gustavo Ibáñez defendió el accionar del municipio al argumentar que el puesto de venta se encontraba emplazado en plena calzada, lo que generaba un peligro constante para la integridad física del vendedor debido al roce permanente de los vehículos. Asimismo, el funcionario aclaró que los inspectores intentaron notificar formalmente el procedimiento, pero se encontraron con la negativa de los trabajadores a brindar sus datos, reiterando que la alternativa ofrecida por la comuna consiste en evaluar traslados a espacios autorizados como el mercado de concentración.
