La docencia en Jujuy atraviesa horas de profunda agitación tras el reclamo formal impulsado por la conducción del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).
Encabezados por su Secretaria General, Mercedes Sosa, los referentes sindicales brindaron una conferencia de prensa para denunciar el continuo desfinanciamiento de los haberes y la precarización que sufren los trabajadores del sector por parte del gobierno provincial. El malestar se intensificó debido a las maniobras de retención y recortes de conceptos salariales históricos que, según el gremio, las autoridades solo intentan retractarse tras la presión social y sindical. Aunque la administración provincial anunció que dará marcha atrás con la discutida quita de antigüedad a los educadores con trayectoria previa en el sector privado, desde el CEDEMS advirtieron que no se conformarán con avisos informales o redes sociales, por lo que exigirán una resolución formal emitida por la Fiscalía de Estado que brinde un marco legal definitivo y solucione la constante incertidumbre salarial del colectivo.
El impacto económico de este dictamen estatal representa un perjuicio severo para las finanzas de los educadores. Según detalló el secretario adjunto de la entidad, Juan Carlos Córdoba, un profesional con diez años de trayectoria en el sistema educativo privado que migra al ámbito estatal sufre la pérdida de entre $400.000 y $500.000 mensuales por cada cargo si no se le liquida ese trayecto acreditado, privándolo de ingresos legítimamente ganados. A esta problemática se le añaden diversas irregularidades operativas detectadas en la liquidación de haberes, tales como el caso de los preceptores, a quienes se les retribuye sobre la base de 15 horas cuando en la práctica ejercen jornadas de 16 horas —acumulando una deuda retroactiva de dos años—, o la exclusión arbitraria del adicional por “Frente a Alumnos” a bibliotecarios, Ayudantes de Clases Prácticas y Maestros de Enseñanza Práctica (MEP) de escuelas técnicas. Asimismo, repudiaron la vigencia de un decreto del año 2001 sobre incompatibilidad horaria que impide el acrecentamiento de horas cátedra, contraviniendo normativas superiores y circulares vigentes.
Por otra parte, la cúpula gremial apuntó duramente contra los tiempos de las acciones judiciales que salpican la administración previa del sindicato. Diego Machaca, referente de la comisión, cuestionó la lentitud en el tratamiento de las denuncias penales planteadas por malversación de fondos y desmantelamiento patrimonial contra el ex secretario general Jorge Montero, al remarcar la marcada doble vara de un Poder Judicial que suele actuar con celeridad para aplicar sumarios al docente común, pero que tras casi cinco años no registra avances sustanciales en esta causa. Machaca repudió además que Montero se desempeñe actualmente en un cargo directivo en la localidad de Libertador General San Martín y adelantó que, si las fiscalías locales persisten en la parálisis de la investigación de los balances contables, elevarán la demanda formal hasta las instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Frente a este escenario signado por el congelamiento de haberes, los incrementos tarifarios en los servicios públicos y la falta de convocatoria a paritarias para discutir un bono de fin de año, el sindicato ratificó que se mantiene en estado de alerta. Para definir los pasos a seguir, el CEDEMS ha convocado a una asamblea provincial este sábado con el propósito de debatir las inconsistencias en las liquidaciones y articular un plan de lucha que podría derivar en la adopción de medidas de fuerza en las próximas semanas.
