Un estudio revela que los impuestos provinciales y municipales incrementan el costo del crédito en un 20%.
El Presidente de IERAL, Osvaldo Giordano, sostuvo que el crédito es esencial para el crecimiento de nuestras familias y empresas, ya que destaca la necesidad de un orden macroeconómico que facilite el acceso al financiamiento.
Giordano enfatizó que la presión impositiva es un obstáculo significativo para el desarrollo del crédito. Según el trabajo titulado “Impacto de las tasas municipales sobre el crédito”, se indica que muchos municipios aplican impuestos sin un respaldo legal adecuado.
La Corte Suprema ha establecido criterios que deben cumplir estas tasas: deben estar vinculadas a servicios públicos específicos, ser accesibles para los contribuyentes y ser proporcionales al costo del servicio. Sin embargo, muchas ordenanzas municipales no cumplen con estos requisitos, lo que genera una variabilidad en las reglas que incrementa los costos administrativos para los bancos.
Este escenario ha llevado a que los bancos deban destinar más recursos para interpretar y cumplir con normativas locales diversas. Un análisis sobre 51 municipios de 10 provincias revela que el costo adicional por estos tributos es relevante, afectando a cerca del 30% de la población del país.
La presión tributaria, que en promedio alcanza el 5,9% de los ingresos brutos, se traduce en un encarecimiento del crédito. En algunos casos, la tasa de interés puede superar el 42% debido a la acumulación de impuestos locales y provinciales.
Por otro lado, la diferencia en la presión tributaria entre sectores económicos muestra que la carga sobre la intermediación financiera es considerablemente más alta que la de otros sectores. Esto afecta directamente el costo del financiamiento, provocando que un préstamo a una tasa de interés del 35% pueda llegar a costar más del 42% al incluir impuestos locales.
El informe también destaca la necesidad urgente de reformar el sistema tributario para lograr un entorno que favorezca la expansión del crédito. La idea es simplificar y unificar las tasas entre municipios, asegurando que se ajusten a los límites legales y que reflejen los servicios realmente prestados.
Recientemente, el Banco Nación y otras entidades han comenzado acciones judiciales para cuestionar la validez de estas tasas, buscando reducir la carga impositiva en varios municipios. Esto podría equilibrar la competencia entre quienes operan con sede física y aquellos que ofrecen servicios financieros de manera digital.
