Este viernes, integrantes de la Comunidad CIPAQUI de Purmamarca se movilizaron hasta la capital jujeña para manifestar su profundo rechazo ante una nueva orden de desalojo.
La protesta, concentrada en la Plaza Belgrano, surge tras la recepción de cédulas de notificación que otorgan un plazo perentorio de tan solo 15 días para que las familias abandonen los predios donde residen y desarrollan sus actividades productivas. Los afectados denunciaron un sistemático avasallamiento de sus derechos fundamentales y expresaron la angustia que atraviesa el sector ante esta inminente amenaza.
El epicentro del conflicto radica en la situación de la familia Quival, integrada por cuatro hermanos adultos mayores, uno de los cuales se aproxima a los 80 años de edad. Según relató Marta Chocobar, referente de la comunidad, esta es la segunda intimación que llega al grupo familiar, luego de que un proceso previo lograra ser frenado a finales del año pasado. La comunidad sostiene que las autoridades provinciales los califican de “ocupantes indebidos”, ignorando su carácter de descendientes preexistentes y la protección legal que les otorga el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, denunciando además una demora de una década en la entrega de sus títulos comunitarios.
Durante la manifestación, los damnificados recalcaron que su sustento diario depende exclusivamente de la siembra y el trabajo rural en esas tierras, las cuales han habitado históricamente. Tito Quival, uno de los principales afectados, compartió el impacto emocional y físico que le genera la posibilidad de ser expulsado de su hogar, calificando el accionar gubernamental como una injusticia que afecta su salud y bienestar básico. La comunidad vincula estas presiones territoriales con intereses derivados de la reciente reforma constitucional, señalando que las autoridades locales están priorizando otros fines por encima de la normativa nacional vigente.
Ante la urgencia del plazo establecido, los comuneros presentaron notas formales dirigidas al Gobernador, al Vicegobernador y al Procurador con el objetivo de que se suspenda de forma inmediata la ejecución del desalojo. Los manifestantes advirtieron que continuarán con sus reclamos en la capital hasta obtener una respuesta que garantice el respeto a su preexistencia étnica y cultural.
