El Gobierno Nacional dio de baja más de 100.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, detalló en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada que, en total, 110.522 pensiones fueron suspendidas por haberse otorgado de manera irregular durante gestiones anteriores. Además, se eliminaron otras 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y unas 10.038 de individuos que renunciaron a los beneficios.
Adorni subrayó que este proceso de auditoría y revisión busca asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes realmente lo necesitan. Según el cálculo del Ejecutivo, estas bajas representan un ahorro de aproximadamente $35.000.000.000 mensuales para las arcas del Estado.
Entre los casos más llamativos de esta verificación, se destacó la repetición de estudios médicos, como radiografías, ecocardiogramas y mediciones de presión, en distintas solicitudes de pensión. En Tucumán, por ejemplo, se descubrió que un mismo estudio había sido utilizado para varias pensiones, mientras que en Chaco se presentó la misma radiografía de hombro en 150 pensiones por invalidez.
Además, Adorni recordó que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral creció de manera exponencial entre 2003 y 2015. En ese periodo, el número de pensiones pasó de 79.000 a 1.045.000. Aunque durante la gestión de Mauricio Macri, este número descendió a 1.026.000, la cifra volvió a incrementarse con la administración de Alberto Fernández, alcanzando las 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023.
El vocero también comparó la situación de Argentina con la de otros países, como Israel, donde solo el 3,5% de la población activa recibe pensiones por discapacidad, frente al 4,6% en Argentina, un porcentaje que, según Adorni, “no corresponde a un país que no ha sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Las suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas si al finalizar el proceso no se demuestra que las personas afectadas cumplen con los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios. Las auditorías están siendo realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, y no incluyen a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024.
