El Gobierno Nacional solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala, dirigente social jujeña, cumpla su condena en un establecimiento penitenciario común en lugar de en su domicilio.
La Subsecretaría de Derechos Humanos argumenta que los delitos por los que fue condenada, incluyendo asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, ameritan que cumpla su pena tras las rejas.
Sala fue condenada a 15 años de prisión y cumplió dos tercios de su condena en enero de 2026, lo que la habilita a solicitar la libertad condicional. Sin embargo, el Gobierno considera que la prisión domiciliaria es un beneficio que no corresponde dada la gravedad de los delitos.
La solicitud del Gobierno se produce después de que la CIDH ordenara en 2017 que Sala fuera trasladada a su domicilio debido a su estado de salud. Sin embargo, el Gobierno argentino sostiene que la medida se ha convertido en un beneficio que mantiene a Sala en su hogar a pesar de tener una condena firme.
La defensa de Sala denunció nuevas irregularidades en su contra, incluyendo intentos de someterla a audiencias virtuales y traslados forzosos. La abogada Alejandra Cejas calificó estas acciones como “una aberración pocas veces vista”.
El caso de Sala generó gran controversia en Argentina, con algunos sectores considerándola una presa política y otros argumentando que debe cumplir su condena por los delitos cometidos.
La CIDH deberá decidir sobre la solicitud del Gobierno argentino y determinar si Sala debe cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común o si se mantiene la prisión domiciliaria.
