El Gobierno Nacional intervino el Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses debido a irregularidades financieras y desvíos de fondos.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió el control de la terminal marítima tras detectar que un 33% del presupuesto se utilizó para subsidios de las arcas de la provincia, mientras que solo un 1,3% se destinó a obras y servicios.
La medida fue firmada por el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. En Nación buscan que Melella desplace a uno de sus funcionarios, Roberto Murcia, para poder tener un diálogo fructífero.
Las inspecciones realizadas por la ANPyN revelaron fallas en la infraestructura portuaria, como el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas y problemas con el tablestacado. También se detectó la falta de un registro de ingresos y egresos de dinero y compras.
El Gobernador Melella dijo que no comparte “ni la medida ni sus fundamentos” y que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Sin embargo, en el Gobierno creen que la intervención es necesaria para evitar la continuación de las irregularidades.
La administración del Puerto de Ushuaia quedará en manos de la ANPyN, mientras que Prefectura Naval Argentina asistirá en las tareas para optimizar las condiciones de seguridad. Las cuestiones operativas y las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino que ya trabaja en el puerto.
El Puerto de Ushuaia es un área estratégica debido a su cercanía con el continente antártico y su importancia para los cruceros turísticos. La intervención del Gobierno busca garantizar la sostenibilidad y la seguridad del puerto. La medida podría ser prorrogada si no se encuentran respuestas adecuadas de parte de la administración de Melella.
