El Concejo Deliberante de la ciudad de Tilcara resolvió avanzar de manera formal mediante la creación de una comisión investigadora dedicada de manera exclusiva a desglosar exhaustivamente cada uno de los ítems y componentes que integran el esquema de facturación de la empresa proveedora de energía, EJESA.
Tras concretarse el primer encuentro de este cuerpo especial, se encendieron las alarmas comunitarias al detectarse presuntas anomalías en la conformación de los montos que reciben los clientes. Al respecto, el vecino Juan Carlos Valdiviezo mantuvo una reunión informativa con los miembros de la mencionada comisión y detalló en declaraciones que las supuestas irregularidades detectadas en las planillas de cobro no se limitan únicamente a la jurisdicción de Tilcara, sino que representarían una problemática de alcance general para los usuarios distribuidos en todo el territorio provincial.
La lupa de la investigación se centró de manera directa sobre dos conceptos específicos que la compañía privada está cargando de manera indebida en las boletas de luz que llegan a los hogares. Por un lado, se cuestiona el componente de Alumbrado Público, una tasa de carácter municipal que ha registrado aumentos considerados indiscriminados. Por el otro, el conflicto se enfoca en el Canon por Ocupación de Espacio Público, el cual representa el costo por la utilización del espacio aéreo y subterráneo mediante postes y cables; según la postura expuesta por Valdiviezo, este último concepto es una obligación económica que la empresa prestadora debería saldar extrayéndola de sus propias utilidades comerciales en lugar de trasladar dicho gasto de manera directa al bolsillo de la población vecinal.
En sintonía con las conclusiones de la investigación, se denunció públicamente la vigencia de un complejo entramado normativo estructurado con el aparente propósito de que los usuarios finales terminen absorbiendo los costos operativos que legalmente le competerían a la firma del sector privado. Asimismo, el entrevistado alertó haber sido objeto de una intimación legal por parte de EJESA, mediante la cual se le exigió cesar en sus declaraciones públicas bajo la advertencia de iniciarle acciones penales por supuestas falsas acusaciones. No obstante, lejos de dar marcha atrás ante la presión corporativa, el damnificado ratificó que durante el transcurso del mes de junio formalizará una denuncia ante la justicia por los delitos de estafa, fraude y defraudación fiscal, argumentando que de constatarse judicialmente estas maniobras fraudulentas existirían los elementos y causales legales necesarios para promover la rescisión definitiva del contrato de concesión que vincula a la empresa con el servicio eléctrico provincial.
