Un clima de alta tensión se instaló entre las organizaciones gremiales y el Ejecutivo jujeño a raíz del congelamiento de las discusiones salariales durante este mes de agosto.
La determinación gubernamental de posponer el diálogo paritario hasta septiembre vino acompañada por polémicas declaraciones del Secretario de Trabajo, Freddy Berdeja, quien desestimó los constantes pedidos de audiencia formulados por los sectores de la educación. Sus apreciaciones provocaron una inmediata y tajante respuesta desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), donde acusaron al funcionario de actuar con un sesgo patronal y de aplicar de manera unilateral las pautas de ajuste en los haberes de los trabajadores.
En representación del cuerpo de delegados del sindicato, el profesor Diego Machaca manifestó su rechazo a los planteos de la Secretaría de Trabajo y remarcó la paradoja de que estas críticas provengan de una figura de extracción sindical. El dirigente defendió la solicitud recurrente de reuniones formalizadas por la conducción del gremio, argumentando que no existe otra vía institucional para canalizar los mandatos que surgen de las asambleas de base. Según su postura, el rol del área de Trabajo reside precisamente en recepcionar y gestionar las demandas salariales de la docencia, por lo que resulta un error atribuir las tensiones al insistente reclamo laboral.
El dirigente desmintió de forma categórica la existencia de una mesa paritaria real en la jurisdicción provincial, asegurando que el mecanismo vigente responde únicamente a una grilla impuesta de forma rígida desde el año 2023. De acuerdo con el análisis del representante gremial, las cifras otorgadas por el Estado se encuentran desfasadas respecto al constante incremento en el valor de la canasta básica y el costo de los viáticos. A esta brecha financiera se suma el esfuerzo de los educadores por absorber con sus ingresos particulares los gastos operativos de las aulas y la participación en eventos institucionales como la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Por último, desde el CEDEMS enfatizaron la fuerte asimetría entre la pérdida del poder adquisitivo en la docencia y los sueldos que perciben los miembros del Gabinete provincial. Machaca cuestionó la solvencia ética del funcionario al sostener responsabilidades en la función pública mientras preserva sus vínculos con las cúpulas del sindicalismo tradicional. En ese sentido, el delegado aseveró que asumir un rol en la patronal exige declinar la representación de los trabajadores, e hizo hincapié en la necesidad de contar con referentes dedicados a la transparencia y al resguardo efectivo de las bases.
