Una delegación de la comunidad originaria Antigal, ubicada en la localidad de Juella, trasladó su protesta a la Plaza Belgrano, justo frente a la Casa de Gobierno provincial.
La movilización tuvo como objetivo central exigir que se detenga de forma inmediata la ejecución de un desplazamiento forzado fijado para este mismo viernes. Los manifestantes expusieron que el litigio proviene de una demanda sucesoria impulsada por particulares, una medida que pone en riesgo directo los hogares y terrenos productivos donde han desarrollado sus vidas durante generaciones.
Las familias afectadas denunciaron que llevan más de medio siglo residiendo y trabajando de manera ininterrumpida en dicho territorio. Entre los testimonios recabados, Silvia Sajama expresó la profunda angustia que atraviesan las viviendas levantadas con esfuerzo a lo largo de décadas, remarcando la desprotección total en la que quedarían tanto los adultos mayores como los niños ante un eventual operativo judicial sin ningún tipo de alternativa habitacional.
A la par de la acción legal en curso, los integrantes del asentamiento cuestionaron con severidad la inacción de las instituciones estatales. Según señalaron, acudieron a la Secretaría de Pueblos Indígenas para solicitar contención jurídica y mediación en la causa; sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta concreta ni soluciones de fondo para evitar que queden desamparados en la vía pública.
Este hecho vuelve a poner en evidencia el recurrente choque entre los derechos de posesión ancestral de los pueblos originarios de la provincia y las órdenes judiciales dictadas a favor de terceros. Con el plazo fijado para el final de la semana, los pobladores permanecen en estado de alerta a la espera de una intervención oficial que suspenda la medida y garantice la permanencia en sus tierras.
