Docentes denuncian que el plan de «eficiencia» del Gobernador Carlos Sadir encubre un fuerte ajuste.
El Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, dispuso la implementación de un decreto destinado a controlar el gasto público y enfrentar la marcada caída de recursos. Según la gestión oficial, la medida busca «eficientizar» las erogaciones del Estado y optimizar las finanzas, bajo una promesa de responsabilidad y equilibrio que garantice el funcionamiento de la administración.
En este marco, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) se declaró en estado de alerta, denunciando que el lenguaje técnico del Gobierno esconde un ajuste directo sobre la educación pública. Para el gremio, términos como «ordenar» u «optimizar» las finanzas se traducen en la práctica en recortes salariales y la desfinanciación de programas educativos esenciales, afectando el poder adquisitivo del sector.
La principal crítica de los docentes radica en la contradicción entre el discurso y la realidad escolar. Mientras el Gobernador asegura que servicios fundamentales como salud, educación y seguridad son «intocables», los trabajadores del sector afirman que el ajuste ya golpea los magros sueldos del magisterio y profundiza el abandono de la infraestructura en las escuelas de la provincia.
Desde el CEDEMS sostienen que la «caída de recursos» no debe presentarse como un fenómeno inevitable, sino como una decisión política sobre las prioridades de inversión del Estado. El gremio advierte que invocar la «responsabilidad» financiera suele ser una estrategia para deslegitimar el reclamo de los trabajadores, intentando instalar la idea de que la protesta por derechos básicos es una medida irracional ante la crisis.
Finalmente, los docentes en lucha reafirmaron que no se puede fortalecer el sistema público debilitando a quienes lo sostienen a diario. Bajo la premisa de que «ajustar salarios es ajustar la escuela», el sector exige que los derechos a la educación y la salud sean garantizados de forma real, advirtiendo que recortar la inversión actual representa, en última instancia, un recorte a las oportunidades futuras de toda la provincia.
