Tras años de padecer violencia laboral en la Escuela Municipal Marina Vilte, la exvicedirectora Gabriela Coletti decidió romper el silencio y exponer públicamente los abusos cometidos por la cúpula directiva del único establecimiento educativo de órbita municipal en San Salvador de Jujuy.
La experimentada educadora, con más de 30 años de servicio en la institución, respaldó su postura tras la emisión de un dictamen del Departamento de Trabajo provincial dictaminado en abril pasado, el cual ratificó de manera categórica el acoso psicológico y las presiones continuadas que padeció a lo largo de su gestión.
Las maniobras denunciadas por la exdirectiva revelan un esquema sistemático de presiones y decisiones arbitrarias dentro del colegio, caracterizado por la alteración de planillas de asistencia, imprevistos cambios de horario e imposición de sanciones por actividades inexistentes. Según relató la propia profesional en declaraciones radiales, la dirección del colegio imponía conceptos profesionales desfavorables a fin de año para condicionar la continuidad laboral del plantel no alineado, lo que generó un clima de temor generalizado que obligó a docentes y empleados de maestranza a callar por miedo a perder el sustento económico.
Más allá del daño institucional y psicológico derivado de las agresiones internas, Coletti puso en evidencia falencias estructurales históricas de la entidad, como la imposibilidad de que su personal compute sus servicios dentro del régimen previsional docente provincial debido a la falta de encuadre gremial específico. La situación extrema de desgaste afectó gravemente la salud de la docente, obligándola a someterse a asistencia psiquiátrica y a presentar su renuncia en noviembre de 2025, trámite que el municipio demoró diez meses en formalizar y aceptar.
El foco del reclamo se traslada ahora hacia la máxima autoridad del municipio capitalino, Raúl Jorge, a quien se señala por ignorar las recomendaciones de sanción y remoción del cargo que recaen sobre la directora imputada. Pese a la existencia de la resolución oficial que exige capacitaciones obligatorias a la responsable del establecimiento, las autoridades locales no han apartado a la funcionaria, situación que genera profunda preocupación por la estabilidad de los trabajadores que permanecen en funciones y por el impacto negativo en la comunidad estudiantil de la escuela.
