El clima institucional en la seccional jujeña de la Unión Tranviarios Automotor atraviesa momentos de profunda agitación tras el aplazamiento de los comicios sindicales, los cuales quedaron fijados para los días 17 y 18 de diciembre tras detectarse anomalías en el plano nacional.
La reprogramación de la contienda electoral cuenta con la intervención de un veedor del ámbito judicial, cuya figura fue dispuesta con el objetivo de dotar de garantías e imparcialidad a los sufragios, en medio de un escenario fuertemente marcado por los reclamos del sector opositor.
Desde la agrupación identificada como Lista Negra, encabezada por el referente Máximo Rodríguez, alzaron la voz contra la cúpula que encabeza la Lista Celeste y Blanca. El trasfondo del conflicto radica en la presentación de una nómina de votantes sensiblemente reducida, la cual registraba un recorte cercano al 40% respecto a los choferes en actividad. Frente a este intento de marginar a un volumen significativo de trabajadores, la oposición interpuso recursos legales que recibieron el aval de los tribunales para subsanar los padrones, en el marco de un reclamo que cobró escala federal con el accionar conjunto de seis seccionales del país.
A las inconsistencias observadas en los listados generales se suman severas fallas en el despliegue logístico dentro de la provincia de Jujuy. Diversas localidades del interior, tales como Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca, presentan irregularidades vinculadas a la asignación de urnas, dejando a afiliados formalmente inscriptos sin un lugar asignado para emitir su voto, situación a la que se suma la falta de firmeza atribuida al veedor designada para arbitrar el proceso.
Finalmente, desde la Lista Negra dirigieron sus críticas hacia la gestión oficialista saliente, a la que le achacan una marcada pasividad e inacción frente a los problemas estructurales que aquejan a la actividad del transporte de pasajeros en San Salvador. Entre las denuncias planteadas sobresale el estancamiento de las reformas para el sector tras ocho años de conducción y el incremento del trabajo no registrado, estimando que entre un 25% y un 30% del personal se desempeña en la informalidad desde hace hasta dos años, con el consecuente impacto negativo en la cobertura médica y sus aportes para la jubilación.
