Las tensiones entre el Gobierno de Jujuy y los pueblos originarios de la provincia sumaron un capítulo judicial de gravedad institucional.
Representantes de diversas comunidades indígenas llevaron a cabo una manifestación pública frente a las puertas de la Casa de Gobierno para expresar un profundo descontento en torno a las trabas administrativas que frenan el otorgamiento de sus personerías jurídicas, un instrumento legal indispensable para la convalidación de su identidad y el resguardo de sus territorios patrimoniales. El conflicto, que acarrea meses de disputas en torno a títulos comunitarios y regularizaciones, escaló hacia la vía judicial mediante la presentación de una denuncia penal formal contra las máximas autoridades de la Secretaría de Pueblos Indígenas.
La presentación jurídica, ratificada tras el reclamo callejero, imputa a la cúpula del mencionado organismo estatal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias. Según los portavoces de las comunidades damnificadas, el organismo oficial incurre en maniobras de índole política coordinadas con punteros y corporaciones mineras, obstaculizando de manera injustificada expedientes administrativos cuyos requisitos técnicos y legales ya se encontraban absolutamente cumplidos y visados desde el mes de octubre del año pasado, sin que mediara ninguna objeción pendiente de resolución.
A cargo del patrocinio letrado de los manifestantes, la abogada Silvana Llanes mantuvo una audiencia de carácter urgente con el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, para destrabar el conflicto tras la sorpresiva cancelación de una serie de entregas de documentación que estaban pactadas de manera oficial para el transcurso de esta semana. La defensa técnica desmintió el argumento del Gobierno provincial que justificaba la suspensión por supuestas faltas de documentación en los legajos, atribuyendo la parálisis y la desarticulación de las carpetas administrativas a un quiebre en los canales de diálogo originado tras el alejamiento del exdirector de Relaciones Institucionales, quien se desempeñaba como interlocutor directo entre los pueblos y el Estado.
El resultado de la reunión con la Fiscalía de Estado derivó en la confección de un acta de carácter perentorio, la cual fue remitida de forma inmediata a la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, conducido por Normando Álvarez García, cartera ministerial de la cual depende jerárquicamente la Secretaría cuestionada. El Fiscal Rivas decidió intervenir formalmente en el conflicto solicitando auditorías e informes exhaustivos para comprobar el estado real de tramitación de cada expediente, reconociendo la necesidad de esclarecer un escenario que, según la propia querella, reviste un trasfondo netamente político y de desatención hacia los pedidos de informes que se acumulan desde mediados del año pasado.
Cabe recordar que, en el marco de esta misma disputa histórica por los derechos étnicos y territoriales en la provincia, a comienzos del mes de abril se había logrado registrar un avance parcial tras concretarse la entrega de personerías jurídicas a las comunidades originarias de Soledad, Agua Blanca, Mal Paso de Humahuaca y Unión y Fuerza de El Aguilar. Sin embargo, aquel acto administrativo no logró saldar la problemática de fondo, dejando a una considerable cantidad de pueblos indígenas locales sumergidos en una prolongada espera legal que hoy desemboca en esta presentación ante la justicia ordinaria.
