Un reclamo colectivo por parte de familias de la Escuela Primaria RIM 20, ubicada en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy, sacudió a la comunidad educativa local tras visibilizarse severas acusaciones vinculadas a violencia, acoso e indiferencia por parte de la conducción del colegio.
Las tutoras se apostaron frente al edificio escolar para exponer un panorama de tensión que viene arrastrándose desde hace meses y que está provocando serias secuelas emocionales en los alumnos, muchos de los cuales manifiestan cuadros de estrés, ansiedad o directamente se niegan a concurrir a clases ante los episodios cotidianos que aseguran vivenciar en el aula.
Dentro del abanico de irregularidades expuestas, las manifestantes enfatizaron la presunta decisión de las autoridades de desplazar a una maestra que había intentado aplicar las normativas vigentes para frenar las agresiones físicas y verbales de un estudiante hacia sus pares. Según relataron las madres, la dirección prefirió apartar a la profesional y colocar provisionalmente a personal administrativo a cargo del curso, mientras que la única disposición implementada con el alumno señalado fue su cambio de división y de turno, prescindiendo de cualquier abordaje o asistencia psicológica. A esta compleja dinámica se suma la situación de la docente de Matemáticas de cuarto grado, quien debió solicitar licencia médica afectada por el entorno altamente conflictivo.
Por otro lado, la manifestación puso el foco sobre la figura de un profesor de Educación Física, objeto de serios señalamientos por presuntos maltratos psicológicos y físicos hacia la grey estudiantil. En el conjunto de testimonios recopilados se mencionan desde golpes en las manos hasta humillaciones públicas mediante burlas sobre el aspecto corporal de los niños. Un hecho que generó profunda indignación involucró a una alumna de quinto grado a quien el docente le habría impedido el acceso al baño, lo que derivó en que la niña terminara orinándose en el salón de clases, situación que motivó la confección de un acta preventiva por parte de los padres.
Frente a la gravedad de los acontecimientos y con el antecedente de que el profesor en cuestión contaría con comportamientos similares en otros grados y centros educativos, el grupo autoconvocado exigió la inmediata actuación del Ministerio de Educación de la provincia. Las familias solicitan que la cartera educativa abra una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades de los directivos por el supuesto encubrimiento e inacción, así como sobre el desempeño del personal señalado, con el fin de garantizar un ambiente seguro y resguardar la integridad física y mental de los niños.
