El debate en torno a los severos incrementos en las boletas del servicio eléctrico de la empresa EJESA en Jujuy tomó un nuevo rumbo tras un pormenorizado análisis técnico y legal que cuestiona la postura gubernamental.
La abogada especialista en derechos del consumidor y representante de la organización CODELCO, Alicia Chalabe, refutó públicamente el argumento oficial que atribuye la suba tarifaria exclusivamente a las determinaciones del Gobierno Nacional. Según detalló la letrada, aproximadamente el 45% del monto final que abonan los usuarios no guarda relación con el consumo neto de electricidad, sino que se origina en un entramado de gravámenes, cánones y tasas de carácter local que cuentan con el aval directo del Poder Ejecutivo provincial y de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU).
La composición de este recargo impositivo netamente provincial se desglosa en varios ítems fijos y porcentuales que encarecen el costo del servicio. Entre ellos se encuentra el cargo FOPEJ, un fondo creado por normativa provincial que representa un 23% del valor del uso de red, sumado a un 6% por la Percepción Contributiva Única y un 4% destinado al Alumbrado Público. A estos componentes se les adiciona un 3% en concepto de Ingresos Brutos provinciales, un 1.5% asignado a la Tasa de Fiscalización para el sostenimiento de la propia SUSEPU, y un ítem fijo denominado “Cargo por Uso de Red”, advirtiéndose además que los ciudadanos terminan costeando de manera indirecta la iluminación de eventos masivos organizados por el Estado, como los que tienen lugar en la Ciudad Cultural.
En este contexto de tensión, se reveló que la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación había emitido una disposición orientada a aliviar la economía familiar, obligando a las distribuidoras a remover los cargos municipales de las facturas. Sin embargo, el secretario de Energía jujeño, Mario Pizarro, recurrió a los tribunales federales interponiendo una medida de amparo para suspender la aplicación de dicha resolución en la provincia, razón por la cual los usuarios continúan abonando el excedente. Chalabe enfatizó que la distribución de energía es una facultad local, recordando que aunque distritos como Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesaron la misma quita de subsidios nacionales, Jujuy se posiciona hoy con una de las prestaciones más costosas del territorio argentino, con facturas residenciales que alcanzan los $300.000 y comerciales que superan el $1.000.000, arrastrando a los hogares al sobreendeudamiento, al pedido de préstamos y a sufrir la interrupción del suministro.
Ante la gravedad de la situación, la especialista recordó que los cuadros tarifarios tienen la obligación legal de ser justos, razonables y no confiscatorios en proporción a los ingresos de los trabajadores y jubilados, señalando que la gobernación posee los mecanismos jurídicos para mitigar el impacto de inmediato. Entre las alternativas planteadas para frenar la emergencia, se sugirió que la Legislatura o el ente regulador emitan una norma que prohíba de forma transitoria los cortes del servicio por falta de pago, que la Secretaría de Energía desista del amparo judicial en el fuero federal para eliminar los tributos municipales, y que la SUSEPU proceda a dar de baja el cargo de uso de red y a congelar el FOPEJ. Mientras tanto, el malestar social se intensifica a través del reclamo de agrupaciones como el SEOM, que recolectó más de 11.000 firmas para exigir la revisión de la concesión ante el parlamento y las oficinas energéticas, en sintonía con la conformación de comisiones de investigación comunales, como la creada en Tilcara tras la detección de diversas anomalías.
