Una seria crisis institucional y judicial sacude por estos días al Colegio de Enfermeros de Jujuy, luego de que un grupo de profesionales matriculados decidiera visibilizar una serie de graves cuestionamientos contra la actual conducción de la entidad.
Tras transitar un año y medio de gestiones administrativas y judiciales sin obtener respuestas favorables, los trabajadores de la salud organizaron un reclamo colectivo para exponer denuncias que van desde la malversación de fondos y la absoluta falta de transparencia en los balances hasta la prolongación indefinida de las autoridades en sus cargos y diversos cobros irregulares.
El licenciado Carlos Flores expuso el estado de desprotección en el que se encuentran los enfermeros frente a lo que describen como un entramado de complicidad entre sectores políticos y judiciales, lo cual vulnera de manera directa los derechos consagrados en la Ley Provincial N° 5980. Dicha normativa, sancionada en 2016, regula la actividad profesional y dio origen a la institución colegiada, cuyo funcionamiento hoy es fuertemente cuestionado. Según precisó el referente del sector, las presentaciones formales realizadas ante el Ministerio de Salud —órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley— no han tenido ningún tipo de eco institucional.
El malestar de los profesionales se profundiza al comprobar que, desde el nacimiento de la entidad, el poder ha permanecido en manos de la misma comisión directiva encabezada por la presidenta Natalia Ríos, sin que hasta el momento se hayan concretado procesos electorales, asambleas ordinarias ni la presentación formal de balances, pese a que el mandato actual proyecta su vencimiento hacia 2027. Entre las anomalías más alarmantes señaladas por los trabajadores figuran la inexistencia legal de la figura de “presidencia subrogante” dentro de la Ley 5980, la exigencia de abonar cuotas y trámites exclusivamente en efectivo para evitar controles fiscales, la apertura de una cuenta paralela en el Banco Galicia debido a que la cuenta original del Banco Macro se encuentra bajo la lupa judicial, y la existencia de una causa penal en curso por presunta malversación de fondos que se suma a expedientes estancados en el fuero Contencioso Administrativo.
Para cerrar, los enfermeros advirtieron que la obligatoriedad de la colegiación exigida por la normativa provincial para poder desempeñarse tanto en el ámbito público como privado se ha transformado en un mecanismo de coacción y persecución laboral contra quienes alzan la voz exigiendo transparencia. Con más de 1.600 firmas presentadas ante la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Ministerio de Salud, los autoconcursados responsabilizaron directamente al Ejecutivo provincial y a la Justicia jujeña por avalar con su inacción una situación que deja a los trabajadores en total estado de indefensión.
